Al parecer, la Cámara de Diputados está lista para aprobar el polémico proyecto de ley mediante el cual, si recibe la sanción congresual y la proclamación del Ejecutivo, los trabajadores podrán retirar hasta el 30 por ciento de los ahorros depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), luego de que 112 legisladores apoyaron la iniciativa, tras ser reintroducida modificada el martes último por su proponente, Pedro Botello, representante de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Para Botello, autor y aguerrido defensor del plan, el apoyo recibido de 112 colegas de 190 integrantes del hemiciclo, significa una victoria contundente. La propuesta, aprobada en junio pasado por los diputados, llevó a los trabajadores a montar marchas de protesta frente a la sede del Congreso Nacional, pero perimió el 27 de febrero luego de que el Senado ni siquiera lo discutió en la pasada legislatura ordinaria.
En sentido general, el atractivo del plan Botello radica en que puede operar como un plan tipo rescate financiero, o bailout, para los trabajadores de clase media, cuyos ingresos han disminuido dramáticamente por la fuerte contracción económica que trajo consigo la pandemia Covid-19, la que afectó a la industria, el comercio, al turismo, zonas francas, transporte y emprendimientos marginales. Al propio tiempo, los planes de asistencia económica aplicados tanto por el gobierno de Medina y la actual administración Abinader, han beneficiado a los sectores más empobrecidos, así como a las micro y pequeñas empresas. Los trabajadores utilizarían la retirada del 30 por ciento de sus fondos para cubrir deudas y déficits sufridos en términos personales al cumplirse un año viviendo sometidos a largos periodos de emergencia.
Debido al vencimiento del periodo en la Cámara Alta y al rechazo tajante mostrado por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Botello reintrodujo el proyecto con modificaciones sustanciales. Ahora establece que los trabajadores podrán retirar el 30 por ciento en tres o cuatro partidas, los fondos serían entregados por escala, según el monto que posee el afiliado en su cuenta personal, siendo el primer desembolso desde 1 peso hasta RD$350,000. El segundo monto sería desde RD$350,000 hasta RD$700,000, con un intervalo de 30 días, y el tercero a partir de RD$700,000 a un millón de pesos; de esta suma en adelante, se haría un cuarto desembolso en cuatro días.
Sin embargo, la influyente ADAFP considera que los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social y, por tanto, estima que con el adelanto de un 30 por ciento de esos fondos los trabajadores estarían asumiendo con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19. Financiar la crisis de los trabajadores es un deber del Estado, razón por la cual se hizo en la pasada administración una emisión de bonos soberanos denominados Covid-19 por RD$40,0 mil millones de pesos.
Un argumento sombrío de ADAFP resalta que, en razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando la moneda nacional, el valor restante de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente, primero por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, segundo, dadas las implicaciones que la operación financiera tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
Al margen de la temática financiera, la llegada nuevamente a la Cámara de Diputados se produjo luego de una paz negociada con el gobierno durante un encuentro urgente en el Palacio Nacional, frente a una delegación oficial encabezada por el ministro administrativo José Ignacio Paliza, que apaciguó los ánimos de Botello y sus seguidores dispuestos a realizar una ruidosa manifestación frente al Congreso el pasado 27 de febrero, mientras el presidente Luis Abinader presentaba su discurso de rendición de cuentas.
Después que se produzca la tácita aprobación en la cámara baja, la pieza enfrentará su prueba de fuego en el Senado, donde los cabilderos de la ADAFP, del poderoso sector empresarial y el gobierno apuestan por impedir la conversión en ley de un proyecto esperado como el plan de rescate financiero, o bailout, de la clase trabajadora.
