Wilson Camacho: “La Operación Medusa es un caso de corrupción sin
precedentes en los países de la región y en la República Dominicana”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger este lunes un
pedimento del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva para el procesado Jean Alain
Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un entramado de corrupción
administrativa cuando encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020.
“El tribunal ha entendido lo que hemos expresado en este proceso, de que la
Operación Medusa es un caso de corrupción sin precedentes en los países de
la región y en la República Dominicana, evidentemente”, resaltó el
procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Se ha mantenido la medida de coerción y se ha mantenido porque hemos
demostrado ante el tribunal que Jean Alain Rodríguez Sánchez ha tenido una
conducta, desde antes de ser procesado, y durante todo el proceso y hasta el
día de hoy, para procurar obstaculizar el mismo”, manifestó Camacho, al
responder preguntas a los periodistas que cubren la fuente judicial.
Sostuvo que el acusado “busca evitar, en primer lugar, que fuera investigado
y ahora que el proceso pueda avanzar”, al asegurar que la única medida de
coerción que puede garantizar la presencia de Rodríguez Sánchez en el resto
del proceso es la prisión preventiva, tal como lo ha entendido el tribunal.
Sobre la amenaza a testigos por parte del imputado, afirmó que “en el día de
hoy aportamos al tribunal documentación sobre las presiones y amenazas
que se han realizado a testigos, el Ministerio Público, y eso ha sido tomado
en base para mantener la medida de coerción”.
“Nosotros no alegamos, nosotros lo que decimos lo probamos”, enfatizó, al
indicar que Rodríguez Sánchez materializa sus amenazas por diversas vías.
Sobre los alegatos del imputado respecto a su salud, recordó: “Es que, como
he dicho, como acabo de decir, todo el que alega un hecho en justicia debe
probarlo. En este tribunal, ni en ninguno de los otros tribunales, se ha
presentado ninguna evidencia de una enfermedad grave y terminal, como
establece el Código (Procesal Penal) para que se varíe la medida de coerción”.
Dijo que por eso el tribunal en el día de hoy ha fallado en base de lo que se le
ha presentado, “no se le ha presentado presupuestos, se le presentó la
información que aportó el Ministerio Público, el resto era documentación
incapaz de ser utilizada como presupuesto para que se le variara la medida
de coerción y es la razón por la que en derecho se ha mantenido la medida de
coerción que es la solución jurídica que corresponde”.
Durante la audiencia, Camacho pidió mantener la medida de coerción
privativa de libertad tras sostener que la gravedad de los hechos no ha
variado, que se mantiene latente el peligro de fuga y por los esfuerzos del
imputado para procurar obstruir el proceso.
Sostuvo que esas son razones más que suficientes para que el tribunal en
derecho mantenga la medida de coerción consistente en prisión preventiva,
al destacar que resulta proporcional a los hechos sobre los que se le acusa y
el daño que debe ser resarcido.
Además, dijo que es la medida que asegura la presencia del acusado en la
actual etapa del proceso en la audiencia preliminar y en las demás etapas
posteriores.
Camacho representó al Ministerio Público junto a Emmanuel Ramírez y
Miguel Collado, durante la audiencia que por razones de espacio se celebró
en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional, decidió acoger la solicitud del Ministerio Público para mantener
en prisión al acusado que cumple la coerción en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Con la decisión del tribunal, el imputado y su defensa fallan otra vez en sus
intentos por lograr la libertad como ha ocurrido en diferentes tribunales
desde el inicio del proceso el pasado año.
El juez Martínez fijó para el 17 de enero del año 2023, a partir de las 9:00 de
la mañana, la próxima audiencia para la revisión obligatoria de la coerción.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de
corrupción administrativa que fue desmantelado el pasado año con la
Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición
de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el
Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y
lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un
volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas,
incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41
personas físicas y 22 empresas.
Por el caso también cumplen prisión preventiva en el citado centro
penitenciario, el exdirector de Tecnología de la Información y la
Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el
exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo
Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Mientras que Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto
domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén
Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de
Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le
fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad
de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida del país y
presentación periódica.
Dirección de Comunicación y Prensa
Procuraduría General-Ministerio Público RD
Lunes, 17 de octubre de 2022
