Ministerio Público pone en marcha la Operación Cobra 2.0-A
Arresta a 28 personas como parte de su investigación contra la estructura de corrupción
administrativa que sustrajo fondos públicos en perjuicio del SeNaSa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público puso en
marcha la Operación Cobra 2.0-A con el propósito de procesar al entramado de
corrupción de ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras
personas que se dedicaban a estafar al Estado, al defraudar a la administradora de
riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Los equipos de fiscales han practicado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la
provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, explicó el procurador adjunto
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, al
reafirmar la postura firme de la procuradora general de la República, Yeni Berenice
Reynoso, para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada.
Camacho adelantó que al menos 28 personas fueron arrestadas como parte del caso
que inició en su primera etapa con la Operación Cobra para desmantelar una
estructura de corrupción administrativa que se aprovechó del SeNaSa para sustraer
fondos públicos en perjuicio de todos sus afiliados.
Explicó que en la operación trabajan los equipos de fiscales de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la
dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como de otras unidades del
Ministerio Público.
En la operación participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros
de la Unidad de Investigaciones Criminales. En la investigación también participó la
Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las unidades del Ministerio Público han ocupado bienes, dinero en efectivo, vehículos
y armas de fuego como parte de la operación que tiene entre sus objetivos procesar
a médicos que, además de violar el Código Penal y amenazar los servicios de salud a
sectores vulnerables, incluso afectaron a sus propios colegas que actúan ceñidos a la
ética profesional y apegados a las leyes vigentes.
El proceso penal
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim
Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción.
También, los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya
Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan
Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
ratificó otra vez la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los
demás procesados. También, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida en
arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el
pasado 16 de julio.
El proceso judicial también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi
Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de
diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en
arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30
de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó
la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el
Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales
y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar
a esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de
pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación
de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco,
falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar
evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y
programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos,
mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático
instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa
ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de
salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público
también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al
arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato
Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que
afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados
por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del
Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el
Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán,
presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia
Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la
Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato
que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era
presidente de la citada ASFL.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia en el distrito judicial
de Santiago. El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Lora Cruceta
y su esposa Guzmán, mientras que su exesposa Vargas Sánchez cumple arresto
domiciliario.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán
Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los
fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico
mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble
facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de
medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con
sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías
estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos
en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos,
crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por
servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano
investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no
corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
Dirección General de Comunicación, Prensa y RRPP
Ministerio Público RD
Viernes, 18 de septiembre de 2026.
