La Procuraduría incinera otro cargamento de 865 kilogramos de
drogas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la
República (PGR) procedió este jueves con la incineración de otro cargamento de 865
kilogramos de drogas, la mayoría de cocaína, ocupada en la provincia La Altagracia.
En la continuación de las acciones contra el narcotráfico y microtráfico, miembros
del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
ocuparon los narcóticos, que tenían un peso total de 865.263 kilogramos.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo constar en un informe que en
total fueron quemados 865.263 kilogramos, incluyendo más de 700 kilos de cocaína
que fueron ocupados en La Altagracia. El informe destaca que el total de cocaína fue
de 720.007 kilogramos, para un 83.21%, y de marihuana 144.734 kilogramos, que
equivalen al 16.73%.
Igualmente, incluyó 522 gramos de crack, que representan el 0.0603%, así como un
gramo de éxtasis, con un 0.0001%.
En adición fueron quemados 11 gramos de otras sustancias, en cuyos análisis se
estableció que no correspondían a drogas.
Fiscales y agentes de la DNCD ocuparon ambas sustancias en zonas del Distrito
Nacional, Santo Domingo, La Altagracia, Azua, Dajabón, Santiago, La Vega, San Juan,
Puerto Plata, Montecristi, El Seibo, Duarte, Espaillat y en María Trinidad Sánchez, así
como en Samaná, Valverde, San Cristóbal, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Peravia,
Barahona, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Pedernales, San Pedro de Macorís e
Independencia.
La incineración se llevó a cabo ante representantes de diferentes instituciones, en un
acto realizado como cada jueves en el recinto del Ejército de República Dominicana,
en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
La PGR ofreció la información en un comunicado de prensa donde destaca que en lo
que va de año han sido incinerados en total 7,695.749 kilogramos de drogas
incautadas en el país, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 y 92,
de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 26, acápite 3,
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11).
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