Muchos de los acontecimientos de la República Dominicana son dignos de estudios profundos. Pero pasan sin pena ni gloria, como si a nadie le importara.
Sin embargo, por sus características y manipulaciones, deberían ser de la preocupación para los sectores educados.
Parece que nuestros dirigentes están seguros de que la generalidad de los dominicanos somos tontos, para no decir idiotas. O que nos tienen muy bien amaestrados para que aceptemos lo que ellos hacen y dicen como hechos inexorables o como palabra de Dios.
Un ejemplo de lo que no debe ser y resulta normal en nuestro país es la reclamación de los partidos, movimientos y agrupaciones políticos. Exigen que se les entregue más de tres mil millones de pesos de los fondos públicos para financiar sus campañas proselitistas. Y el Gobierno, después de ponerlos a dar vueltas, y que la Junta Central Electoral se pronuncie, cedió a la entrega de esa fabulosa cantidad de dinero. Los señores del proceso electoral podrán satisfacer sus deseos. Ellos requieren, voz en cuello y con más autoridad que el papa en la Iglesia católica, que la ley 20-23 que le asignó esos fondos debe cumplirse.
Viene bien especificar aquí que el monto de dineros que les entregarán es el doble de lo que recibieron en las elecciones del cuatrienio anterior. O sea, que ellos aplican una indexación, nadie sabe si por inflación u oportunismo, que duplica sin miramiento lo que les toca. ¿Por qué semejante indexación o aumento no se aplica a los salarios de hambre de los trabajadores? Aunque producen las riquezas nacionales, viven en la miseria más espantosa.
Alegan con que la democracia tiene un precio y que debe pagarse. De acuerdo. Pero tiene que ser para todos los sectores sociales del país. No hay verdadera democracia con un pueblo sin educación, sin trabajo y sin seguridad social. ¿Quién aprobó la ley que les asigna esa montaña de dinero a los partidos políticos, para que se dilapide entre zánganos que hacen mucha bulla y ejercen la adulación como profesión?
Un chusco responderá: “Oh, el Congreso Nacional, como siempre. Fue promulgada por el Presidente y publicada para que entrara en vigencia”.
Muy bien, así fue. Pero rasquemos el velo un poco, sin que las vestiduras se hagan hilachas. ¿Quiénes son los senadores y diputados? Los miembros de esos partidos, que recibieron órdenes de sus jefes.¿Terminaron legislando para ellos mismos? ¿Esa es una forma sutil de corrupción, de prevaricación?
Veamos otra cara de la moneda: El Poder Judicial tiene por la ley 194-04 asignado una partida del 3.10% de los ingresos nacionales. Pero ese dinero nunca ha sido entregado en su totalidad a la justicia. No hay democracia sin justicia fuerte e independiente. No más palabras, Honorable Magistrado. (Tomado de El Nacional)
