LA JCE ENFRENTA ENCUESTADORAS FANTASMAS
Por Melvin Matthews.
La aparición de firmas encuestadoras ficticias, o sin historial técnico, ha sido una constante del marketing político dominicano desde que esta metodología fue incorporada a los procesos electorales y a las primarias internas de los partidos del sistema; empresas “de carpeta”, como suelen llamárselas, contratadas únicamente para publicar datos falsificados favorables a un determinado candidato.
Controlar esta especie de especulativo negocio marginal, una anomalía realizada sin respetar los periodos legalmente establecidos, es el propósito perceptible del reglamento que acaba de aprobar la Junta Central Electoral (JCE), en virtud del cual, prohíbe la publicación y difusión de encuestas o sondeos de opinión fuera de la precampaña y la campaña oficial. El organismo aspira a fortalecer la transparencia, el rigor tecnológico y la equidad para el proceso del 2028.
Conviene destacar las cuatro decisiones principales: prohíbe la difusión previa al inicio de la precampaña oficial; encuestas internas vedadas, los dirigentes no pueden publicar sus propios estudios internos realizados antes del plazo autorizado; registro obligatorio, donde solo las empresas debidamente inscritas y habilitadas ante la JCE están autorizadas a realizar y difundir mediciones de preferencia política.
La Dirección Nacional de Elecciones revisará las solicitudes en un plazo de 15 días, mientras la regulación de los denominados “exit polls”, o sondeos a boca de urna, requieren notificación a la JCE con al menos 8 días de anticipación. Las violaciones al reglamento conllevan sanciones consistentes en multas económicas, suspensión temporal e inhabilitación y cancelación definitiva con pérdida total del registro
Creo que, reglamentar este sector, conviene a la salud política y electoral de la sociedad, pues el mercado de las encuestas representa un negocio altamente lucrativo, pero éticamente cuestionado, donde las firmas de opinión pública venden servicios de consultoría estratégica a partidos, candidatos y medios de comunicación.
A pesar de su origen científico, la alta demanda de encuestas durante las temporadas electorales ha transformado este sector en una industria de influencia y marketing político, ejercida a través de modelos de ingresos y vías de negocios, como las encuestas privadas, o la inteligencia de campaña, con las cuales los partidos y candidatos contratan mediciones internas para diseñar estrategias, definir mensajes y evaluar sus fortalezas. Son las más rentables y generalmente no se publican.
Existen las encuestas públicas destinadas a los medios de comunicación, son aquellas que contratan o compran los periódicos, canales e televisión y plataformas digitales para generar contenido de alto interés y aumentar audiencias. Mediante la consultoría estratégica integral, las firmas no solo entregan datos, cobran tarifas elevadas para analizar la psicología del votante, segmentar audiencias y asesorar en manejo de crisis.
Con las denominadas “encuestas ómnibus” las empresas agrupan preguntas de múltiples clientes políticos y corporativos en una sola entrevista de campo, optimizando costos operativos y maximizando el margen de ganancia, porque el problema de las encuestadoras incontrolables subyace en la manipulación y la monetización del sesgo, cuyo debate ético radica en el uso de las mismas como herramienta de inducción y propaganda, creadora del falso “candidato ganador”, en lugar de herramientas de medición científica.
