Formaban parte de la desmantelada banda que ejecutó la denominada Operación Cattleya.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán resalta la gravedad de la
acusación contra los procesados por un delito de criminalidad
transnacional
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró
este lunes que un tribunal impusiera prisión preventiva por 18 meses en
contra de once imputados de trata de personas con fines de explotación
sexual arrestados con la Operación Cattleya.
Otros siete imputados recibieron otras medidas de coerción por su
vinculación a esa actividad ilegal enfrentada por la Procuraduría
Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas
(PETT).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional impuso la prisión preventiva a los imputados José Miguel Michel
Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), Oscar Wicene, María
Paula Murillo Vargas, Cristina Virginia González Hernández, Angélica
Jhoana Quintero Niño, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto
Soriano Rosario (Cirujano), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato),
Zafiro Nataly Sánchez González y al sargento Dionicio Mieses de la Cruz
(Dionis).
El tribunal dispuso el cumplimiento de la medida en la Penitenciaría
Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, así como en los centros
penitenciarios de Higüey, en la provincia La Altagracia, Najayo Mujeres, en
San Cristóbal, y en Operaciones Especiales.
A los imputados Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel),
Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee le fue impuesta la
presentación de una garantía económica de un millón de pesos, en tanto que
una garantía económica de RD$500 mil para Braulio Manuel Lugo, Marie
Fokina Achille (Fior, Flor o Flores) y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano
Díaz (Carlos), a quienes además le fue impuesta presentación periódica e
impedimento de salida del país.
Mientras que a Melvin José Valentín Peguero le fue impuesta presentación
periódica, además de impedimento de salir del país.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán, responsable de la PETT, dijo que
la decisión de la juez Kenya Romero también declara el proceso de
tramitación compleja, “por entender que estamos frente a un proceso de
criminalidad transnacional y que realmente se ha demostrado en la solicitud
de medida de coerción depositada por el Ministerio Público la pertinencia y
la gravedad de la investigación”.
“En consecuencia ha decidido imponer prisión preventiva a once de los
imputados, de los 18 que el Ministerio Público solicitó esta medida de
coerción y ha impuesto garantía económica que oscila desde el millón de
pesos, impedimento de salida, presentación periódica, así como otras
medidas adicionales a siete de los implicados”, detalló.
Respecto a las empresas contra las que habían solicitado la medida cautelar
de clausura provisional, dijo que la juez entendió que en esta etapa del
proceso no era necesario decidir al respecto.
En ese sentido, dijo “la juez decidió que el Ministerio Público continuara con
la investigación y más adelante podemos solicitarlo administrativamente o
lo que entendamos pertinente”.
Los hoteles involucrados en el proceso son Caribe y Oscar, del sector Gascue,
del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La
Altagracia.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves 4 de agosto la
operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y
Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y
con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas
con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80
mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que
las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas
tarifas para provecho económico de la organización criminal.
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