Por Melvin Matthews.
El presidente Luis Abinader aprovechó el augusto escenario de la Asamblea Nacional para proclamar a viva voz, esta vez enmarcado dentro del deber constitucional de rendir cuentas a la nación, que el Ministerio Público es independiente. Y profundizó más en su juicio: dijo que hoy la Justicia es Justicia, y que ya este es un país sin impunidad.
Eso, a seis meses de gobierno. Vayamos por partes.
La independencia del ministerio público no puede ser parcial, debe ser total, como establece el Capítulo V, Articulo 170 de la Carta Magna, que versa sobre la autonomía y principios de actuación de ese órgano del sistema de justicia, según el cual “el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.
En una palabra: para ser considerada una entidad judicial realmente independiente, la Procuraduría General de la Republica (PGR) debe ser simultáneamente autónoma en las tres categorías que manda la ley; esto es, funcional, administrativa y presupuestaria. Y, evidentemente, no es así.
Creo que la PGR opera de forma autónoma únicamente en el renglón administrativo; pero, funcionalmente, por ejemplo, el ministerio público empezó a investigar las actuaciones de los miembros de la Cámara de Cuentas solo después -y esto constituye un asomo de intromisión- que el presidente Abinader pidiera públicamente la renuncia de la entidad fiscalizadora, tras acusarlos de responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Dijo el 8 de octubre: “La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública”. Ese cargo activó las acciones del MP, el cual llegó al clímax con el reciente allanamiento de la sede principal de la CC.
En el ámbito presupuestario es indiscutible que la PGR dista bastante de ser validada como independiente. El propio mandatario se encargó de apuntalar tal opinión cuando subrayó que no solo se ha promovido la independencia política del MP, “sino que se le ha dado todo el apoyo económico necesario para que puedan operar con la mayor eficiencia posible”.
Por ende, ninguna entidad o persona puede considerarse independiente, si depende económicamente de otro. Si las finanzas de la PGR viven a cuentas de la disponibilidad del Poder Ejecutivo, resulta insostenible la afirmación de que es un órgano políticamente independiente. Una aportación fundamental del presidente Abinader en ese sentido, sería promover para el 2022 una legislación que dotara a la PGR de presupuesto propio, suficiente, al margen del Ejecutivo, pues el país lo necesita.
No obstante, concedo que la procuradora general, doctora Miriam Germán Brito, ha realizado una labor encomiable desde su designación en el cargo hace seis meses. Se ha comportado verdaderamente independiente; verbigracia, inhibirse del juicio Odebrecht fue un gesto elegante de objetiva independencia y citar e interrogar hasta por cinco ocasiones a exfuncionarios investigados por delitos de corrupción, deviene en una muestra de prudencia procedimental y de profundo respeto a la dignidad humana.
Creo que Abinader está decidido a independizar al MP y merece el apoyo ciudadano, pues parafraseándolo: “Necesitamos transformaciones que nos conviertan en un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes”.
Si trillamos ese camino, pronto podremos asegurar que “este es ya un país sin impunidad”, como proclamó el mandatario a la audiencia nacional.
Pero el Ministerio Público es ahora un órgano parcialmente independiente.
