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GOBIERNO ÉTICO Y TRANSPARENTE: PERSEGUIR LA IMPUNIDAD, COMBATIR LA CORRUPCIÓN

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Por Melvin Matthews.
El discurso inaugural del presidente Luis Abinader, pronunciado en ocasión del traspaso de mando el 16 de agosto, constituye el marco conceptual GOBIERNO ETICO Y TRANSPARENTE que contiene la voluntad política del flamante gobernante para la concreción de un gobierno ético y transparente, capaz de combatir la corrupción y perseguir la impunidad.
Abinader acometerá una descomunal tarea pendiente de solución para toda la nación, una estrategia frente a la cual han fracasado todos los jefes de Estado que dirigieron la Republica Dominicana desde 1966 hasta la fecha. Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina acumulan 54 años de gestión pública ininterrumpida, representantes de las tres formaciones partidarias que han gobernado hasta ahora, -PRSC, PRD y PLD-; no pudieron, o no quisieron, paliar la corrupción política e instaurar un régimen de consecuencias para minimizar la impunidad.
En cambio, la utilización de un puesto público para provecho personal ha servido de fuente ilegal para el enriquecimiento y ascenso social de nuevas familias e individuos, para fortalecer grupos económicos ya poderosos y favorecer al sector privado, que ha actuado como beneficiario de la corrupción oficial.
Si al cabo de su gestión que ahora empieza, y que constitucionalmente culminará dentro de 4 u 8 años, Abinader logra revertir la corrupción sistémica que padece el país, pasaría a los anales nacionales erigido en el primer mandatario que ha sido capaz de alzar el honroso trofeo moral de haber erradicado prácticas corruptas tan generalizadas, que afectan tanto a países desarrollados y en transición, no porque las poblaciones respectivas sean distintas, sino porque las condiciones la propician.
Las élites políticas que han gobernado la nación desde los famosos 12 años del reinado autoritario de Joaquín Balaguer (1966-1978) hasta nuestros días, fueron incapaces de frenar la corrupción y construir un régimen de impunidad. Como muestra, basta recordar que cuando el anciano caudillo del Partido Reformista culminó su primer largo periodo de gobierno, declaró enfáticamente a la opinión publica que durante su mandato la corrupción creó mas de 300 millonarios y que está se detenía “en las puertas de mi despacho”.
Posteriormente, el cambio que llevó al Poder Ejecutivo a don Antonio Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sustituyendo temporalmente a Balaguer en 1978, introdujo reformas políticas que democratizaron el país, imponiendo el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, pero su régimen no quedó exento de corruptelas e indelicadezas administrativas, al extremo de que el suicidio de Guzmán, ocurrido el 4 de julio de 1982, dentro del baño de su despacho presidencial, a 43 días de entregar el cargo, se atribuye a la depresión que le embargaba debido al advenimiento de su sucesor, Salvador Jorge Blanco, quien, bajo la consigna de “manos limpias”, había ganado los comicios prometiendo perseguir la corrupción de funcionarios guzmancistas.
Irónicamente, y a pesar de tan relevante consigna moralizadora, Jorge Blanco (1982-86), también del PRD, nada hizo tampoco para reducir dicho mal y acabaría denigrado, convertido en el primer mandatario dominicano de la era moderna encarcelado por la comisión de supuestas sustracciones al erario, junto a otros servidores de su régimen, bajo el segundo largo mandato de Joaquín Balaguer (1986-1996).
Balaguer gobernó diez años más, también respetó un poco más las libertades públicas, pero bajo esa segunda administración la corrupción alcanzó categorías sistémicas al grado que luchar contra ella y perseguirla, asumieron el centro de la campaña presidencial del doctor José Francisco Peña Gómez para los comicios de 1994. La determinación del líder perredeista y socialdemócrata de sancionar a los corruptos de Balaguer, fue la causa eficiente para la comisión del colosal fraude electoral que crearía la crisis política que se zanjó en 1996 con la inesperada victoria de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Hipólito Mejía (2000-2004), el tercer presidente del PRD tampoco tuvo aciertos en combatir la corrupción; la crisis resultante de las quiebras bancarias y su proyecto reeleccionista coparon todo el trayecto de su gestión.
Los peledeistas, Fernández (1996-2000; 2004-2012) y Danilo Medina (2012-2016) gobernaron 5 de los últimos 6 periodos presidenciales, incluyendo 16 años consecutivos, y la percepción de la corrupción se afianzó entre la población, desatando una intensa campaña de denuncias principalmente de sectores provenientes de la clase media, los medios de comunicación, el empresariado y el novel PRM, surgido en 2014 producto de la división del otrora poderoso PRD, convertida la corrupción en tema de la campaña electoral que elevó a Luis Abinader a la presidencias de la República.
Al final de cada uno de los periodos de gobierno de los últimos 54 años, la opinión pública le ha colocado constantemente la etiqueta de “el gobierno más corrupto de la historia”; algunos exmandatarios, Jorge Blanco y Leonel Fernández, sufrieron el escarnio y el hostigamiento de vociferantes turbas callejeras etiquetados como corruptos, cosa que Abinader evitará a toda costa empleándose a fondo en esa meta. Al juramentarse el domingo, Abinader aseguró que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, pero tampoco para la que se cometa en el futuro. “Estoy comprometido con el pueblo dominicano”, tronó ante la Asamblea Nacional, “con mi familia, y con la memoria de mi padre a encabezar un gobierno transparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud”, provocando una estruendosa ovación de los asambleístas.
El cambio de gobierno, concomitante a la crisis del coronavirus y el subsiguiente apresto económico, pueden interpretarse como la oportunidad especial para emprender una jornada anticorrupción a gran escala con probabilidades de éxito a mediano y a largo plazos.
Facilita la obra el hecho de que todas las formas de corrupción están proscritas en el Código Penal de la República Dominicana, como el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios del gobierno para acelerar el trámite de un asunto comercial que corresponda a su jurisdicción, así como el desfalco, la prevaricación y la evasión fiscal, el blanqueo de capitales ilícitos, entre otros.
Además, se han adoptado medidas y creados organismos específicos para prevenir el mal uso de un cargo o función pública para fines privados o personales, como la Procuraduría Especializada para Perseguir la Corrupción (PEPCA), la Dirección General de Ética y Transparencia Gubernamental, Oficinas de Acceso a la Información Pública, veedores en los consejos administrativos de las distintas empresas e instituciones del Estado, la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, así como la declaración jurada de bienes a los funcionarios cuando asumen y salen del cargo, el fardo de la prueba, así como medidas contables y administrativas descentralizadoras de la burocracia estatal.
En una palabra: aunque la gente tiende a considerar la corrupción como un pecado gubernamental, lo cierto es que el sector privado participa en la mayoría de los casos de corrupción del gobierno. La corrupción política y la impunidad existen en nuestro país producto de la complicidad o indiferencia de las autoridades y el sector privado.
El presidente Abinader ha dado los primeros pasos para enfrentar el flagelo que malversa el presupuesto nacional, retrasa vitales planes de desarrollo y afecta moralmente a la nación. Fortaleció la Dirección General de Ética y Transparencia Gubernamental (DIGETG), que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, y designó a la doctora Miriam German Brito en la Procuraduría General de la República, junto a la doctora Jeny Berenice, como Procuradora Adjunta. Llama la atención el hecho de que las instrucciones especiales que el mandatario expresó a ambas antes de juramentarlas en el Palacio Nacional son las mismas que prevé la ley para el ejercicio de sus funciones: ser independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y actuar al amparo de la Constitución y las leyes.
Sin embargo, Abinader no ha detallado un plan para combatir la corrupción dejando en manos de los funcionarios respectivos echar hacia adelante la maquinaria de la justicia ante el desafío de reparar un sistema defectuoso, lo cual significa respetar la delgada línea que separa la aplicación justa de la ley, respetando el debido proceso, de la persecución política, la retaliación y el circo político.
Finalmente, teóricos de la corrupción, como los profesores Robert Klitgaard, de Chile, y Daniel Kauffman, de Estados Unidos, recomiendan castigar a los infractores importantes a modo de estrategias que dan buenos resultados. Sugieren que cuando existe una cultura de realizar actos de corrupción con impunidad, la única forma de comenzar a desbaratarla es que se condene y castigue a varias figuras importantes de corrupción. El gobierno debe identificar rápidamente a unos pocos evasores tributarios relevantes, uno que otro sobornador de nota y unos pocos aceptadores de soborno que sean altos funcionarios del gobierno.
Pero, el presidente Abinader debe tener cuidado, puesto que la lucha contra la corrupción muchas veces se convierte en una campaña política, un espectáculo mediático, para liquidar a la oposición más peligrosa a los intereses del partido en el poder.

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