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Luego de la invasión rusa a Ucrania, Occidente decidió ejecutar una estrategia para provocar el colapso de la economía rusa, con el objetivo de incapacitarla financieramente para sostener la incursión en Ucrania y quizás, como han especulado algunos analistas, provocar descontento, inconformidad y protestas del pueblo ruso contra Putin, que abriesen las compuertas para su derrocamiento y su sustitución por alguien que no tema el ingreso a la OTAN de los países fronterizos con Rusia.
La estrategia está basada en la alianza de dos tipos de sanciones. Una “sanción positiva” que prácticamente replica el programa “Lend-Lease” (Préstamo y Arrendamiento) amparado en la Ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 11 de marzo de 1941, la cual otorgó al presidente Roosevelt autoridad ilimitada para canalizar ayuda material como municiones, tanques, aviones, camiones y alimentos al esfuerzo bélico de los países europeos que enfrentaban la invasión de Alemania, sin violar la posición oficial de EE. UU. de neutralidad ante el conflicto. El 6 de abril de 2022, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Lend-Lease para la Defensa de la Democracia de Ucrania de 2022, con el objetivo de facilitar el suministro de material bélico al gobierno ucraniano para fortalecer la capacidad de este para enfrentar la invasión. La ley otorga mayor autoridad al presidente estadounidense para prestar o arrendar equipos y tecnología militar de defensa al Gobierno de Ucrania, con el objetivo de proteger a la población civil ucraniana de la invasión militar rusa. Esta sanción positiva fue exitosa para mitigar el avance de la Alemania de Hitler y otorgar tiempo a EE. UU. para incorporarse a los aliados (Gran Bretaña, Unión Soviética y EE. UU.) en la Segunda Guerra Mundial. La única diferencia entre aquel momento y este es que mientras Alemania no tenía ojivas nucleares, Rusia hoy cuenta con 6,257.
La segunda es un paquete de “sanciones negativas”, entre las que se encuentran, el bloqueo de las reservas del Banco Central en el extranjero, generándole una pérdida transitoria a Rusia ascendente a US$640,000 millones, una medida que llevó al Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, a afirmar que “vamos a provocar el colapso de la economía rusa”; limitar el acceso a los mercados de capitales de la Unión Europea (UE) para determinados bancos y empresas rusas; restricciones a la exportación a Rusia de armas y tecnología de doble uso; congelamiento de activos de Putin, cientos de políticos rusos y decenas de oligarcas en la UE; prohibición de transacciones con 12 empresas públicas rusas; prohibición de vender a Rusia material para la refinación de petróleo; prohibición de inversión de empresas y personas de la UE en el sector energético ruso; restringir las exportaciones a Rusia destinadas a la industria energética; siete medidas en el ámbito financiero entre las cuales se destacan la prohibición del acceso de entidades rusas al mercado de la UE, prohibición de prestación de servicios de calificación crediticia a Rusia, prohibición de suministrar billetes de euro a Rusia y restringir el acceso de 7 bancos rusos al sistema SWIFT; restringir el comercio con Donetsk y Lugansk; prohibición de la importación de productos siderúrgicos procedentes de Rusia; prohibición de exportación de artículos de lujo a Rusia; restringir la exportación para sectores de defensa y seguridad rusos; prohibición para exportar a Rusia material para el sector aeroespacial; prohibición a los aviones rusos de sobrevolar el espacio aéreo de la UE; prohibición de exportación a Rusia de material para el sector naval, entre otras, a las cuales se agregan las impuestas por EE. UU., entre las cuales resaltan, cortar la conexión con el sistema financiero de EE.UU. del banco más grande de Rusia, el Sberbank y sus subsidiarias; bloqueo total a la segunda institución financiera más grande de Rusia, el VTB Bank; bloqueo total a otras tres importantes instituciones financieras rusas: Bank Otkritie, Sovcombank OJSC y Novikombank, y 34 subsidiarias; y restricciones de deuda y capital a 13 de las principales empresas y entidades rusas incluyendo a varias entidades financieras, Gazprom, Transneft, Rostelecom, RusHydro y Ferrocarriles Rusos, la cuales tienen activos estimados en casi 1.4 billones de dólares.
Por alguna razón, sin embargo, Occidente pensó que estas medidas sólo afectarían a la economía rusa. Lamentablemente, las “sanciones negativas”, aunque inicialmente drenan la economía del país al cual van dirigidas, muchas veces se devuelven como boomerang hacia las economías de los países que las imponen. Eso es precisamente lo que ha sucedido en este caso. La economía rusa, según los últimos pronósticos, sufrirá una caída de 6% en el 2022. Los países desarrollados de Occidente y las economías emergentes del mundo, no han salido ilesos de las implicaciones de las sanciones. El impacto más severo que han tenido que enfrentar las economías desarrolladas y las emergentes ha sido la magnificación de las ya intensas presiones inflacionarias.
En ausencia de estas sanciones, la inflación en Occidente habría oscilado entre 3.3% y 5.7%. Las sanciones, sin embargo, llevaron el rango a 6.8% – 10.7%, los niveles más elevados en los últimos 41 años. Este aumento generalizado de los precios, ha forzado a los bancos centrales de Occidente a elevar sus tasas de política monetaria con un ímpetu que revela el temor de las autoridades a la posibilidad de que la inflación capture el proceso de formación de las expectativas de los agentes económicos, una pesadilla que no quieren tener los bancos centrales de Occidente. Después de haber recibido el aletazo de la inflación, los europeos occidentales y los norteamericanos, van a recibir el del desempleo que producirá la destrucción de demanda de bienes y servicios como consecuencia del alza de las tasas de interés. Lo mismo ocurrirá en las economías emergentes, con la única diferencia de que estas últimas podrían caer en incapacidad para honrar su deuda pública, como ha comenzado a suceder con algunos países africanos.
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