HACE FALTA EL ARBITRO
Por Melvin Matthews.
La capacidad de diálogo político nacional se ha perdido en la República Dominicana, porque no existe un árbitro de equidad o la figura del amigable componedor, representado a través de cierta institución o determinadas personalidades, capaz de obtener resultados tangibles, persuadir y sentar en la mesa negociadora al liderazgo político, empresarial y a la variopinta sociedad civil.
En los momentos aciagos de los últimos 50 años, la institución mediadora por excelencia fue la Iglesia Católica, catapultada por obispos de la talla de Hugo Eduardo Polanco Brito y Agripino Núñez Collado, rector de la PUCMM; pero el clero abandonó esa misión debido a conflictos con la clase política sobre temas pugnaces como el aborto y el derecho a la vida.
La prensa nacional también aportó dignos negociadores ante crisis políticas de envergadura, entre los cuales se destacan don Rafael herrera, ex director del Listín Diario, Rafael Molina Morillo, fundador y director de Publicaciones Ahora y Salvador Pittaluga Nivar, comentarista de televisión y director del desaparecido Instituto Dominicano de Periodismo (IDP). Afectada por el partidarismo generalizado y la llegada de las redes sociales, los directores de medios tradicionales abandonaron ese rol de intermediación imprescindible en toda sociedad democrática.
La ausencia de ese “amigable componedor” en una persona física o jurídica con libre acceso a los sectores convocados, explica el fracaso de los procesos de diálogo llamados por el presidente Luis Abinader desde que asumió el cargo hace seis años. Los líderes acceden a la invitación, se sientan a la mesa, pero no asumen conclusiones tangibles de compromiso colectivo y fiel cumplimiento.
En los ámbitos legal y comercial, el árbitro es un tercero imparcial designado para resolver controversias fuera de los tribunales ordinarios, mediante un proceso llamado arbitraje. Esa figura puede trasladarse a la arena política en términos de negociador o mediador de conflictos sin atribuciones legales propiamente dichas.
La palabra proviene del latín “arbiter”, que significa “juez” o “testigo”. Se deriva de las raíces ad- (hacia) y “baetere”, indicando que es la persona o la institución a la que uno acude para resolver una disputa, o echar hacia adelante una estrategia controvertida.
Ahora Abinader convocó el 5 de abril a un acuerdo nacional de sectores políticos, sociales y productivos para enfrentar la crisis global derivada de la guerra que impulsan Israel y Estados Unidos contra el Irán gobernado por el ayatola Jamenei. La iniciativa busca promover la unidad nacional, coordinar políticas públicas y fortalecer la resiliencia económica y social del país de cara a desafíos externos.
Esta medida refleja una estrategia de gobernanza inclusiva, priorizando la colaboración intersectorial en momentos de incertidumbre; además, apunta a construir consensos que garanticen estabilidad y desarrollo sostenible, pero la falta de un árbitro plantea difíciles encuentros cara a cara entre una comisión de alto nivel del gobierno y los líderes políticos, condicionados por sus intereses partidarios y posicionamientos electorales.
Las declaraciones de los líderes de la oposición sugieren poco optimismo para el resultado final del Gran Acuerdo Nacional, sometido a la rígida prueba de la intransigencia partidaria porque los líderes, sin mediadores calificados, jamás se ponen de acuerdo.
