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Ministerio Público solicita decomiso 200 inmuebles de acusados en Operación Falcón

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El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado
del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y
vehículos de alta gama

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El fiscal de Santiago resaltó
este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público
en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red
delictiva desmantelada con la Operación Falcón, tras destacar que tiene los
méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.
“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin
precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al destacar que el expediente
aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá
de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.
Al ser entrevistado, vía Zoom, por la periodista Rosa Encarnación, del
programa El Despertador, el fiscal de Santiago detalló que son imputaciones
por lavado activos proveniente del narcotráfico, asociación de malhechores,
porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.
“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en
República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo, al tiempo que dijo
que el Ministerio Público asume con responsabilidad su rol persecutor, por
lo que a partir de ahora corresponde al Poder Judicial ejercer su rol con la
mayor de la rigurosidad.
“Entendemos que todos los actores del sistema de justicia deben asumir su
responsabilidad con la mayor de la rigurosidad, y vamos a defender este
proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario
que sea necesario porque está probado que es un proceso legalmente bien
trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha
transparencia, y con objetividad, sobre todo”, expuso.
Lamentó la variación de medidas de coerción a involucrados en el Caso
Falcón y sostuvo que el Ministerio Público enfrentará a quien deje de actuar
de manera correcta. “Por eso hemos recusado (jueces) en algunos casos,
cuando entendemos que se ha violentado la ley”, dijo.
“En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como
ilegal, nula, porque se han violentado todos parámetros que el Código
Procesal Penal establece para la administración de justicia”, dijo.
En ese contexto, recordó que el juez Job García, que estaba conociendo la
revisión de la medida de coerción decidió su propia recusación, no obstante
haber depositado el acto conclusivo la noche anterior y ya estar
prácticamente desapoderado.
Bonilla explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al
Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200
inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas,
apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor
que incluyen automóviles de alta gama.
Dijo que la cantidad de dinero ocupada o inmovilizada a los integrantes de la
red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que
los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de
pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al
tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que
se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, porque son
imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no garantizan su
presencia en los actos del proceso.
Bonilla dijo que se trata de imputados peligrosos y que los tribunales deben
saber que variar la medida de coerción puede llevar a que el imputado no se
presente a los actos del proceso. “Un grillete, una presentación periódica no
garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima
audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de
volver a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la
responsabilidad que le corresponde en el momento indicado”, expresó.
Bonilla refirió que el Ministerio Público gestionó orden de arresto contra
unos cinco o seis prófugos. Además, que existen otros involucrados incluidos
en el acto conclusivo y que respecto a ellos se amplían las investigaciones.
Indicó que uno de los involucrados fue extraditado hacia Puerto Rico.
El fiscal de Santiago sostuvo que se trata de estructuras criminales que se
mueven en diversos tipos de escenarios, por lo cual las investigaciones
tardan, y quizás un año o 18 meses, a veces resultan plazos cortos para
concluir una investigación.
“Nos hemos esforzado, el equipo de la Fiscalía de Santiago, con el equipo de
Persecución del Ministerio Público y otras fiscalías y con el apoyo de toda la
Procuraduría General de la República para presentar a tiempo este acto
conclusivo consistente en una acusación”, resaltó.
Indicó que en la Operación Falcón participaron más de 40 fiscales y en la
producción del acto conclusivo unos 20 que trabajaron día y noche para
terminar la acusación junto a una gran cantidad de técnicos, profesionales y
personal administrativo del Ministerio Público.
“Es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, varias
regiones del país y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31
imputados que son las físicas y 39 personas morales, que son las empresas
vinculadas a los imputados, que ellos utilizaron como vehículo societario
para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero”, dijo Bonilla, al
conceder la entrevista solicitada por El Despertador.

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