Las graves acusaciones vertidas contra los miembros de la Cámara de Cuentas por el procurador adjunto, Wilson Camacho, tras el inédito allanamiento a las oficinas del órgano fiscalizador el día 22 de febrero, crearon justificadas expectativas moralizadoras en la comunidad nacional, que desde entonces aguarda el sometimiento a los tribunales de los implicados en este caso sui generis, bautizado Operación Caracol, referido a la voracidad de una de nuestras especies marinas.
En la ocasión, el director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), dijo que durante la larga pesquisa hallaron miles de pruebas comprometedoras, las cuales confirman que los titulares de la CC “han actuado como cómplices de la corrupción, y no como defensores de los recursos públicos, actuando en contra de la democracia del país. Expresó que esas fueron las razones del allanamiento, que no tiene precedentes en los anales de la judicatura nacional.
Al parecer, no eran infundadas las sospechas de los fiscales en el sentido de que, desde la propia sede de la Cámara de Cuentas, se “maquillaban auditorías para favorecer a personas que dirigían instituciones públicas”, a las cuales el magistrado no identificó para proteger el secretismo de la indagatoria, pero dio por sentado que los favorecidos cometieron hechos ilícitos penales y contra ellas tomarán las medidas apropiadas.
Sin embargo, a casi dos semanas del registro no se han producido detenciones. Ha de suponerse que el presente caso, cuya complejidad salta a la vista, se encuentra en la fase de armar técnica y rigurosamente un expediente completo y voluminoso, apoyado sobre pruebas y testimonios cuasi irrefutables, no solo contra los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas, sino también contra aquellos beneficiarios de los supuestos “maquillajes” y hacia empleados del organismo sin cuya profesionalidad cómplice hubiese sido imposible aplicar las auditorías cosméticas. Podríamos estar hablando de decenas de personas, entre titulares, ex funcionarios y empleados involucrados en la acusación.
Los miembros de la Cámara de Cuentas son, Francisco Álvarez Pérez, quien la preside, Pedro Antonio Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Felix Álvarez Rivas. Todos ellos, junto a los eventuales beneficiarios y subalternos, enfrentan cargos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Conscientes del enorme peligro que se cierne sobre sus cabezas, los integrantes de la CC ya contrataron abogados para su asistencia legal.
¿Por qué este caso es tan impactante, concita la atención nacional y puede servir de escarmiento para preservar la moralidad pública y revertir la cultura de la corrupción y la impunidad?
Por el rol rector y principal que juega dentro del Sistema Nacional de Control y Auditoría, según la ley 10-04, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es el órgano superior de control externo de los recursos públicos del pais. En tal virtud, tiene facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, promover y alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos y formular un plan nacional tendente a esos fines.
La citada legislación establece cuatro elementos del sistema, el primero de los cuales es el control externo, que consiste en el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos, de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetas a esta ley. La rectoría de este control externo corresponde a la Cámara de Cuentas.
A la Contraloría General de la República corresponde el segundo elemento del sistema, denominado control interno, que está referido al conjunto de planes, estrategias, sistemas, normas y procedimientos establecidos para proteger los recursos públicos, alcanzar sus objetivos con ética, eficiencia, eficacia, economía y debido cuidado del ambiente, y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la confiabilidad en la información gerencial, así como facilitar la transparente rendición de cuentas de los servidores públicos.
El tercer elemento es el control legislativo, el cual corresponde al Congreso Nacional mediante el ejercicio de la fiscalización de los recursos públicos en base, entre otros, a los informes presentados por la Cámara de Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y la misma ley.
Por último, el cuarto elemento del sistema es el control social, ejercido por la sociedad dominicana a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legitima; tiene el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía. Para ello, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.
Como se ve, de confirmarse el entramado corrupto Operación Caracol, los miembros de la Cámara de Cuentas estarían protagonizando el peor descalabro penal, ético y moral de un órgano del Estado de las últimas seis décadas. Y si, por alguna razón, el PEPCA no procediera con el sometimiento a los tribunales, asistiríamos al peor fiasco del ministerio público de la historia nacional. (Publicado en El Nuevo Diario).
