Por Melvin Matthews
El presidente electo Luis Abinader ha adelantado la designación de la ex vicepresidenta, secretaria de Educación y Senadora, Milagros Ortiz Bosch, en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, una dependencia del Ministerio de la Presidencia creado mediante decreto del presidente Danilo Medina en 2012, pensado como el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo del Poder Ejecutivo.
El argumento invocado por el próximo mandatario para designar a la octogenaria abogada y política resume la trascendencia que para su gestión comporta el citado organismo; dijo: “mi primera designación es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno y la nación: doña Milagros Ortiz Bosch será responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Trabajará en transformar la Dirección de Ética en un organismo eficaz”.
¿Prevención de la corrupción? En esa asignatura fracasaron los hombres que la anteceden en el puesto, los abogados, José Joaquín Bidó Medina (se enfermó), Marino (Vincho) Castillo (renunció) y el actual Lidio Cadet, frente a quien desfilaron las alegadas perversiones de las autoridades salientes.
Por supuesto, para el gobernante postulado por el PRM, ahora convertido en partido oficial, prevenir la corrupción es una misión fundamental de cara a la imagen de la nueva administración, pues la organización terminó la campaña electoral expuesto ante la opinión pública por tener en sus filas personas detenidas por vínculos al narcotráfico; sin embargo, los electores hicieron caso omiso de tales acusaciones y, además, necesita contener la avidez de quienes permanecieron fuera del poder durante 16 años, necesitan puestos de trabajo y alcanzar los beneficios del poder. En este ultimo aspecto, la misión de la sobrina de Juan Bosch no será nada fácil.
¿Cómo terminará Ortiz Bosch? No se sabe, es imposible hacer vaticinios. Pero convertirse en valladar contra la corrupción política, en una nación de precariedades agravadas por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica, perfila una ardua labor fiscalizadora que requiere presupuesto, recursos humanos, -incluidos whistleblower, o denunciantes. Sin jerarquía ministerial, su desempeño depende del ministro de la presidencia, del presidente y la vicepresidenta de la República.
Milagros Ortiz necesitará mucha suerte.
