La Cámara de Diputados desconoció la alegada mayoría del grupo Fuerza del Pueblo (FP), que dirige el expresidente Leonel Fernández, y la reconoció en el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conforme al segundo lugar que la organización alcanzó en las elecciones del 5 de julio con más de un millón de votos para designar un integrante del CNM.
En cambio, el Senado de la República, contrariando la decisión de los diputados, concedió a la FP el estatus de segunda mayoría al reconocer a un grupo de senadores tránsfugas y traidores que pasaron desde el PLD a las filas del leonelismo, desconociendo a los votantes de sus respectivas demarcaciones que sufragaron por ellos y al partido que originalmente los postuló. Con esta resolución, la FP obtuvo un dudoso asiento en el poderoso Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que designa las Altas Cortes, en detrimento del PLD.
Pero, ahora resulta que la Junta Central Electoral (JCE), el principal tribunal eleccionario de la nación, ha categorizado a la FP, de Fernández, como un partido minoritario, que alcanzó menos del 5 por ciento de los sufragios, situándolo en un distante tercer lugar, lejos del PLD, para la importante finalidad de adjudicarles el porcentaje de los recursos financieros contemplados en el presupuesto nacional. Además, la FP ocupará el tercer puesto en el ordenamiento de las boletas electorales para los comicios del 2024.
Y conste: que, para inflarle el colchón electoral a la FP, el presidente del órgano, Román Andrés Jáquez Liranzo, acogió la sugerencia de Fernández para que el financiamiento publico se basara en la sumatoria de los votos válidos recibidos individualmente por cada organización política en los tres niveles disputados en las ultimas elecciones celebradas el 5 de julio pasado. De ese modo, a la FP la JCE le reconoce 546,750 votos, es decir, el 4.54 por ciento, lo cual supone mas de 200,000 sufragios añadidos al poco más de los 324,000 alcanzados por Fernández y aliados en el nivel presidencial. Y para aparentar un reparto democrático con las minorías, la JCE incluyó en esta categoría a los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), al que asignó 430,282 votos; al PRSC, 356,292 y Alianza País, 165,670, organizaciones que ocuparán en el orden electoral de los próximos comicios las posiciones 4, 5 y 6, respectivamente.
Pero, como dice un viejo refrán popular: “para comer pescado y hablar mentiras, se necesita buena memoria”, el tiempo se ha encargado de demostrar a través de la JCE y la Cámara de Diputados la penosa actuación del Senado de la República, controlado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en lo concerniente a nombrar una segunda mayoría conformada por tránsfugas y traidores, únicamente para desconocer la voluntad popular libremente expresada en la inmensa mayoría electoral que reconoce los 3,382,981 votos depositados a favor del PLD, despojándolo de la representación de dos miembros en el CNM.
Hay una grave incoherencia legal, una enorme contradicción política, entre los órganos del Estado encargados de actuar conforme a la Constitución de la República, porque es absolutamente imposible que el grupo leonelista conformado por tránsfugas y traidores de todos los niveles, sea reconocido como mayoría y minoría simultáneamente, y que se recurra a la Carta Magna para justificar un desaguisado de tal magnitud y sin precedentes.
Lo peor de todo es que el presidente Luis Abinader, el líder del PRM, ha reconocido como buenas y válidas tanto las actuaciones de sus diputados y senadores, así como de la propia JCE. Ha actuado en consecuencia, al presidir el CNM que acaba de completar las vacantes de jueces del TC, junto a un representante del grupo minoritario leonelista que no ostenta la calidad electoral para ello, pues sencillamente no es mayoría. La legalidad debe sustentar todas las acciones del gobierno.
Abinader se ha definido como un abanderado de la verdad y del respeto a la Constitución, pero en este delicado asunto constitucional pasó por alto que uno de los aspectos fundamentales de la política es su preocupación por la verdad, ejercida mediante el conocimiento capaz de verificarse y por acciones políticas coherentes trabajadas en la realidad social. La JCE ha demostrado la injusticia cometida desde el Senado de la República.
En la lógica clásica (aristotelismo, escolástica), un conocimiento verdadero implica una identificación del pensamiento y de su objeto. Si un juicio es verdadero, puede decirse que lo que enuncia existe. Si la FP fuera mayoría tuviera por encima del millón de votos, o más del 5 por ciento de los sufragios.
Ahora Fernández califica de injusta la decisión de la JCE, porque sabe que la sentencia desnuda la bajeza senatorial que lo favoreció. Quiere que el tribunal colegiado le asigne los votos que la realidad electoral le negó.
