Por Melvin Matthews Beaumont
El gobierno, a través del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ha asestado un duro revés al grupo de inversionistas patrocinador del proyectado Aeropuerto Internacional de Bávaro, propiedad del Grupo Abrisa, que preside el empresario Abraham Hazoury.
El IDAC, órgano rector de las operaciones aéreas en la República Dominicano, emitió este jueves una resolución en la cual declaró lesivo al interés público la construcción del aeropuerto y, además, ha ordenado la suspensión inmediata de las obras físicas, la cual incluye torre de control y pistas de aterrizaje, en ejecución desde hace varios meses sobre un terreno de más de un millón de metros cuadrados, ubicado entre Higuey y Miches.
Era previsible que tal decisión ocurriese desde que el presidente Luis Abinader asumió las riendas del Estado, debido al escandaloso matiz político atribuido a la concesión del contrato otorgado en enero del presente año durante los meses finales de la pasada administración del expresidente Danilo Medina al grupo encabezado por el señor Hazoury, así como a la influyente presencia en el nuevo gobierno del promotor hotelero Frank Rainieri, dueño de la corporación propietaria del Aeropuerto Punta Caná y tenido como una especie de mandamás del sector turismo, quien inició acciones legales en los tribunales oponiéndose radicalmente al nuevo aeródromo que se levantaría en las inmediaciones del suyo.
Según el IDAC, la aprobación del aeropuerto de Bávaro fue emitida violando los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad.
La resolución, firmada por Román A. Caamaño, director general del IDAC, insta a declarar de oficio el inicio de un proceso de lesividad para el interés público el acto administrativo contenido en la comunicación número 2293, del 11 de agosto del 2020, que formalizaba el inicio del proceso de construcción y fiscalización del citado aeropuerto.
Asimismo, la citada resolución instruye al departamento legal del IDAC a proceder para darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley 107-13, que fija el procedimiento administrativo correspondiente para la lesividad.
No obstante, cita el articulo cuatro de la resolución que confiere a los promotores del aeropuerto internacional de Bávaro la oportunidad de reintroducir una nueva solicitud ante el IDAC, que podrá determinar nuevamente sobre los estudios correspondientes y la solicitud de las opiniones pertinentes y, si procediese y cumpliese con todos los requerimientos normativos y técnicos, disponer el otorgamiento de una nueva autorización para la construcción, operación y explotación económica del proyecto aeropuerto, de conformidad con la ley.
El IDAC emitió la referida resolución, porque para autorizar la construcción era imprescindible cumplir primero determinados requisitos y proceder a la elaboración de estudios e informes, tanto a cargo de la entidad promotora como del propio organismo y otros entes estatales. Pero esa etapa no se cumplió.
Entre estas figuran certificaciones de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Obras Públicas y Comunicaciones, asi como de las autoridades municipales correspondientes.
Además, estudios de viento y de temperatura por un periodo de cinco años; el relacionado al peligro de aves, uso de suelo, impacto ambiental, notificaciones y avisos a propietarios, arrendatarios y tenedores de terrenos y títulos de los predios adyacentes a la construcción, entre otros.
Mientras tanto, al empresario Hazoury y sus socios enfrentan la alternativa de reintroducir el plan ante el IDAC y las nuevas autoridades, paralizar definitivamente una obra en la cual han invertido cuantiosas sumas dolarizadas. Pero el talón de Aquiles del aeropuerto internacional de Bávaro es su proximidad al aeropuerto de Punta Caná, apenas lo separan 19 kilómetros, una temeridad para los vuelos comerciales desde y hacia ambas terminales.
