El canciller Roberto Álvarez acudió este miércoles al Senado de la República, atendiendo a la invitación de esa cámara, donde detalló todo el trabajo realizado por la Cancillería dominicana para enfrentar el diferendo con Haití, por la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre.
El ministro de Relaciones Exteriores presentó una cronología en la que explicó que, desde el momento en que se conocieron los trabajos, en abril del 2021, el país planteó su firme oposición al canal haitiano. Este rechazo fue notificado oficialmente a la parte haitiana el 27 de abril de 2021, mediante nota diplomática; luego reiterado el 27 de mayo durante la reunión de la Comisión Mixta Bilateral; nueva vez, el 31 de mayo y el 16 de junio de 2021 en sendas declaraciones a la prensa; una quinta vez, el 6 de julio de 2021 mediante nota del canciller Álvarez a su homólogo haitiano; una sexta ocasión de forma directa al actual canciller haitiano, el 30 de agosto de 2023; y una séptima vez mediante el comunicado del 28 de septiembre de 2023, en respuesta a la Secretaría General de la OEA.
Además, fue enfático al reiterar que Haití nunca comunicó oficialmente al Gobierno dominicano de la construcción de esta obra con los estudios técnicos y de impacto medioambiental correspondientes, que permitieran verificar la seguridad del canal y sus posibles consecuencias.
Álvarez aseguró que, tras el encuentro del 27 de mayo, técnicos dominicanos pudieron establecer que la construcción no se corresponde con lo que Haití presentó, y explicó que la declaración firmada por ambas partes en ese encuentro no es un acuerdo jurídicamente vinculante, sino un acta de lo discutido en dicha reunión.
“La Comisión Mixta Bilateral es un órgano consultivo y de diálogo, compuesto de varias instituciones de ambos Gobiernos. Como ya dije, esta era una reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura. Las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado dominicano, sin plenos poderes, son el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, ninguno de los cuales firmó dicha declaración”, agregó el canciller.
Durante su presentación en el hemiciclo de la Cámara Alta, el canciller recordó la obligatoriedad del cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que en su artículo 10 señala que “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.
