Asalto golpista en Brasil
El pasado domingo Brasil vivió las horas más oscuras de su historia reciente. Unas hordas de manifestantes ultraderechistas perpetraron el ataque más grave que puede sufrir una democracia. Alentada por la retórica de Jair Bolsonaro, que nunca ha asumido su derrota en las urnas, una multitud de personas asaltó las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo en Brasilia. Las fuerzas de seguridad desbarataron la invasión en cuestión de horas, pero la herida sigue abierta y el miércoles los seguidores de Bolsonaro amenazaron con una nueva movilización que finalmente no llegó a celebrarse en medio de un fuerte despliegue de policías.
El propósito de la ultraderecha brasileña es forzar una reacción de los militares para que echen a Luiz Inácio Lula da Silva del poder. El presidente, que tomó posesión el 1 de enero, trata de recuperar la rutina política de la agenda de gobierno, pero el movimiento golpista no se ha agotado. Y la ambigüedad de Bolsonaro no hace sino alimentarlo. El exmandatario viajó a Florida a finales de año para evitar asistir al traspaso de poderes. El domingo condenó tibiamente el ataque. Después afirmó que adelantaría su regreso a Brasil para tratarse de las dolencias que padece desde que sufrió un apuñalamiento en 2018. En las últimas horas difundió un vídeo en el que insistía en que Lula “no ganó las elecciones” y lo eliminó poco después.
Su futuro judicial aún es incierto. Cabe la posibilidad de que quede inhabilitado, según los analistas. Mientras tanto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó el bloqueo de sus bienes como castigo a la toma de los tres poderes del Estado. Alrededor de 1.500 de sus seguidores fueron detenidos, enviaron a prisión a cuatro golpistas y liberaron a centenares de mayores y mujeres con hijos mientras deciden qué hacer con los que quedan. Pero la justicia sí ha empezado a actuar contras los responsables políticos. El juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó el arresto del exministro de Bolsonaro y secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres. El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fue apartado de sus funciones por al menos tres meses y un comandante general de la Policía Militar también fue detenido. Sin embargo, la convulsión más grave que golpeó a Brasil desde el fin de la dictadura en 1985 aún no está resuelta y Lula tendrá que redoblar los esfuerzos para recobrar la normalidad.
