Por Melvin Matthews.
Antoliano Peralta Romero, designado por el presidente electo Luis Abinader para ocupar la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, era al momento de su designación uno de los abogados defensores de Andrés Bautista, el ex presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien está sometido a juicio, junto a otras cinco personas, acusados del Ministerio Publico por presumiblemente beneficiarse de US$92.0 millones que la empresa constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país, a cambio de la obtención de contratos para obras del Estado. Se desconoce si Peralta renunció a la defensa de Bautista.
Aunque no pertenece al gabinete ministerial, el Consultor Jurídico es una figura palaciega influyente; sus oficinas están situadas cerca del despacho presidencial, funge como consejero principal y asesor legal del primer mandatario en la toma las decisiones de Estado, confecciona decretos y nombramientos; se reúne con el gobernante diariamente, cuantas veces sea necesario y a cualquier hora. No es miembro titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero el incumbente actual se ha desempeñado como secretario de este.
Y si Abinader finalmente complace la petición del grupo político Participación Ciudadana, nombrándole a la doctora Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, la trama defensiva de los implicados en el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos funcionaría a las mil maravillas, pues se despeja la posibilidad de que el caso concluya archivando el expediente –o implicando a quien o quienes le pluguiese–, dossier que Germán ha estimado insostenible en los tribunales.
Al propio tiempo, quedaría establecida una conexión directa entre el Palacio Nacional y la titular del Ministerio Publico, que contaría con la anuencia, o no, del primer mandatario, un vinculo capaz de presionar a los jueces del sistema judicial, que supone un estilo novedoso, nada ejemplar, para un gobierno que, en lugar de la independencia de los poderes públicos, se estrenaría evidenciando la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Por ende, se vislumbra que Participación Ciudadana controlaría a su antojo a la incumbente del alto cargo judicial, e igualmente manejaría el sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política de Estado contra la criminalidad, lo que sería igual a despejar el camino hacia la retaliación, el abuso de poder, la persecución antojadiza y el chantaje.
Hace tres años, cuando la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia varió las medidas cautelares a siete de los 10 entonces inculpados, Germán Brito, quien fungía de presidenta del referido tribunal, dio a conocer que la sentencia fue emitida con su voto disidente, pues quería la libertad de todos los implicados al considerar que el Ministerio Publico no aportó los elementos probatorios necesarios para mantener a los procesados en prisión, entre los cuales figura el ingeniero Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, con quien la ex jueza ha dicho abiertamente que mantiene una estrecha y prolongada amistad, tema que repercutió durante la audiencia para evaluar la carrera de la ex jueza por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2019. No fue ratificada para seguir presidiendo la Sala Penal.
Sin embargo, la estrategia político-legal de la defensa de los implicados en Odebrecht enfrenta un inesperado desafío, pues el jueves último la Suprema Corte de Justicia fijó la reanudación del juicio público, oral y contradictorio para el 21 de septiembre próximo en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que preside la magistrada Giselle Méndez Álvarez. Comparecerán los acusados, Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez Hernández. Un sexto coacusado, Tommy Galán Grullón, ex senador de la provincia San Cristóbal, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), perdió la inmunidad parlamentaria debido a que salió perdedor en la elección congresual pasada. Debe esperar que la Corte Suprema desapodere su expediente y lo remita a un tribunal ordinario.
De los seis acusados, Bautista y Rodríguez son dirigentes del próximo partido de gobierno, Díaz Rúa fue tesorero del PLD, ahora milita en la FP}; Galán, del PLD, mientras Rondón y Pittaluga no tienen filiación política conocida.
Actualmente, sectores políticos rivales del saliente presidente Danilo Medina llevan a cabo una intensa campaña a través de las redes sociales y medios electrónicos, exigiéndole a Abinader, quien asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto, la designación de German Brito al frente de la PGR. A esa tarea se ha sumado el expresidente de Participación Ciudadana, Carlos Salcedo, quien también es abogado defensor de Bautista, junto a Peralta Romero, el futuro Consultor Jurídico.
En un articulo titulado “Abinader y el libro negro de la corrupción”, publicado hoy viernes en el tabloide El Día, Salcedo afirma que “un procurador general independiente -Fiscal General-, encargado de la persecución del delito y particularmente de la corrupción administrativa-, es una de las garantías principales de una lucha firme contra este flagelo que nos roba parte del desarrollo”.
El articulista entiende que “se necesita para ello una mujer o un hombre que no traduzca sus resabios en retaliaciones y que asuma, parafraseando a Luis Abinader, las leyes y la Constitución como su arma de reglamento. Asegura que Miriam German Brito reúne todas las condiciones de una profesional del derecho, con los conocimientos acabados del sistema de justicia, del lastre perjudicial de la corrupción en el país, con carácter y experiencia; pero con la mesura que se espera de un funcionario objetivo que, además, tenga la arbitrariedad como la manifestación más vil de los cobardes e ignorantes.
En conclusión: concedo que la exjueza Germán Brito tiene la preparación para desempeñar el puesto, pero su reputación sufrió un serio revés cuando frente al CNM, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, arrojó serias dudas sobre el patrimonio, la ética de trabajo y las relaciones políticas de la patrocinada por Participación Ciudadana. No parece que posea la mesura que Salcedo le atribuye, pues ella participó activamente en las marchas convocadas en la Plaza de la Bandera en el pasado proceso electoral, reclamando a la JCE y al actual gobierno el respeto a una voluntad popular que no se había expresado y que, a la luz de los hechos, nunca fue violada. Además, sus patrocinadores la tienen como la punta de lanza para iniciar una cacería de brujas contra funcionarios actuales, incluyendo al doctor Jean Alain Rodríguez contra quien mantiene una inocultable enemistad.
Pero antes de pensar en designarla, Abinader debe tener en cuenta el contubernio de Participación Ciudadana y los abogados defensores del caso Odebrecht, junto al deseo de venganza de la doctora German Brito.
