El General de Brigada Edward Sánchez González era el único alto oficial de la Policía Nacional presente la noche del martes en el salón de las Cariátides del Palacio Nacional, cuando el presidente Luis Abinader procedía a juramentar al denominado Grupo de Trabajo para la Transformación y profesionalización del cuerpo del orden público. Al menos, así lo mostraron las cámaras de televisión.
Parado a pocos pasos del mandatario, Sánchez González encarnaba el retrato vivo de un inoperante jefe policial, compelido ahora a tragar en seco un proceso urgente de reforma institucional del cual él no formará parte, el cual su comandante en jefe, Abinader, aceleró con la cancelación abrupta de 350 agentes y la formación de la comisión que analizará el cuerpo y hará recomendaciones para su depuración efectiva.
Bajo la jefatura del joven general Sánchez González, designado en el puesto al empezar la actual administración el 16 de agosto pasado, el declive de la institución llamada a preservar la seguridad ciudadana ha sido harto evidente; es la imagen reiterada de una institución que privilegia las ejecuciones extrajudiciales en la persecución del delito; tocó fondo luego del asesinato de un joven e inocente matrimonio de pastores evangélicos, quienes tras un culto religioso se dirigían a su hogar en el municipio de Villa Altagracia, para encontrarse con un retén policial cuyos integrantes, sin mediar palabras, los cocieron a tiros mostrando un instinto criminal sin precedentes, pues violando los protocolos de identificación aparentemente confundieron a las víctimas con delincuentes, lo que significa que si los reales delincuentes hubieran aparecido, también hubiesen sido eliminados sin contemplaciones.
Contribuyó a dañar aún más la situación, la absurda versión del jefe policial, Sánchez González, quien en lugar de aclarar el hecho sangriento arrojó sombras sobre las causas del trágico suceso. Según expresó, la patrulla fue alertada acerca de sospechosos que habían robado una motocicleta “pasola” y se desplazaban en un auto color blanco marca Kia, razón por la cual al primer vehículo con esas características que se asomó al retén policial había que dispararle a mansalva, sin cerciorarse de ocupantes ni nada parecido..
Tras este abominable episodio de violencia policial, aflora la pregunta, ¿quién en la dotación policial del municipio de Villa Altagracia, impartió la orden de dispararles a los sospechosos ocupantes del automóvil perseguido?. ¿O actuaron por su cuenta los integrantes de la patrulla policial? El general Sánchez González, director de la Policía Nacional, no ha podido responder convincentemente tales preguntas.
Por tanto, su incapacidad o falta de autoridad manifiestas han marginado al joven oficial y su cohorte de generales del profundo proceso de reforma policial, que personalmente dirige el presidente Abinader. En la práctica, y en virtud de las funciones que desempeñará el grupo de trabajo de 21 profesionales juramentados por el ejecutivo, deviene en una especie de comisión ad hoc para dirigir la Policía Nacional durante el proceso de transición hacia la reforma de la institución. De hecho, el presidente del grupo de trabajo, el abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, tendrá mayores atribuciones dentro del cuerpo del orden que el propio Sánchez González.
¿Por qué, entonces, Sánchez González, no ha renunciado? Probablemente, espera retener la jefatura policial durante y después del proceso depurador.
Aquí surgen preguntas: ¿Puede llevarse a cabo una verdadera reforma policial sin contar con la cooperación y apoyo de altos oficiales de la Policía Nacional?
¿Por cuales razones el presidente Abinader excluyó a oficiales superiores de la Policía Nacional del grupo de trabajo pro transformación y profesionalización de la Policía Nacional?
¿Acaso prevalece en el ánimo del Poder Ejecutivo la impresión de que todos los policías son tan corruptos, que ni uno merece estar en el grupo de trabajo? ¿Quién o quienes dentro la policía suministrarán a los comisionados los datos para llevar adelante su labor?
En declaraciones iniciales, el doctor Castaños Guzmán parecía despejar las dudas en ese sentido, al precisar que la reforma de la policía no es un asunto tan complicado y que no partirá de la idea de que todos los agentes son malos. Consideró que el objetivo del informe que rendirá el grupo es fortalecer la Policía Nacional, no destruirla.
El grupo de trabajo, que enfrenta el plazo de un año para presentar su informe al primer mandatario, ha sido integrado por representantes provenientes de diferentes quehaceres: algunos son abogados constitucionalistas, otros empresarios, hay dos obispos y un predicador evangélico, una historiadora, un director de periódico, tres comentaristas de televisión, un psiquiatra, un ex ministro de deportes que ahora dirige el club de caza y pesca de la Romana.
A simple vista, no parece que la mayoría de los comisionados tiene formación y experiencia en temas de seguridad nacional, seguridad ciudadana o asuntos internos de la Policía Nacional, pues de esto último se trata: reformar internamente la Policía Nacional, terminar con la indisciplina, la compra y venta de rangos, la venta de protección a empresas y civiles, reclutamiento y ascensos basados en recomendaciones de generales, de políticos, de empresarios, falta del debido entrenamiento policial, la connivencia de agentes con grupos criminales y un largo etcétera.
¿Cuál será el alcance de la reforma? ¿Afectará a la totalidad, o la casi totalidad, de los policías? ¿Quién se encargará del orden público ahora que ha sido desprendida de 350 agentes de distintos rango y durante la reforma? La reforma no debería paralizar la protección del orden público y no provocar el auge de la criminalidad.
Conclusión: como no se puede reformar un equipo de béisbol utilizando jugadores de baloncesto, y debido a que la reforma protestante emprendida por Martín Lutero solo fue posible recurriendo al propio clero católico que él denunciaba, del mismo modo la reforma policial estaría condenada al fracaso sino utiliza lo mejor que queda de la institución del orden público, porque reformar es formar de nuevo, modificar con el fin de mejorar, darle un nuevo aspecto a la institución.
Pues como dijo el presidente Abinader:”La seguridad ciudadana es un elemento clave y nuclear de la democracia y de ella depende el éxito de vivir en libertad. La Policía Nacional tiene encomendada parte de esa seguridad, y su actuación debe ser siempre ejemplar y ajustada a la Ley”.
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