Al parecer, los cinco miembros de la Cámara de Cuentas han decidido enfrentar las acusaciones propaladas en su contra por el Ministerio Público, tildándolos de cómplices de la corrupción y allanando la sede del órgano estatal, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) justifica la actuación persecutoria de los fiscales en tanto órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.
Luego del allanamiento realizado el lunes por los procuradores adjuntos a las oficinas de la Cámara de Cuentas, recabando documentos probatorios de las supuesta complicidad estos con la corrupción del pasado gobierno, el pleno del organismo procedió se reunió para abordar las causas y secuelas de la requisa a sus instalaciones. Consultaron a un equipo de abogados para analizar las implicaciones constitucionales y legales de la acción del Ministerio Público, la cual se prolongó durante 12 horas y contó con la protección de efectivos fuertemente armados y el equipo Swat de la Policía Nacional. Según informes, las autoridades recababan evidencias sobre el supuesto «maquillaje» de auditorias levantadas a funcionarios de la administración del ex presidente Danilo Medina. La operación se denomina «Caracol».
En declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Alvarez Pérez, aseguró que antes del allanamiento la institución le había suministrado al Ministerio Público las informaciones que este requería para sus investigaciones.
Recordó que antes de que iniciara formalmente la investigación de la Procuraduría General, contra él y sus colegas del CC, acudió cuatro veces a la sede de la PGR para entregar informaciones que le fueron solicitadas. «Los documentos que ellos han pedido se la hemos ido suministrando», puntualizó, «pero si ellos piden los vídeos de los cuatro años de gestión, eso conlleva un proceso, pues hubo que comprar un disco duro y se le llevó la semana pasada».
Se informó que los abogados Eduardo Jorge Prats y Julio Cury ostentan la representación legal de los miembros de la CC en los tribunales. Opinan que el Ministerio Público se extralimitó durante el allanamiento, puesto que además de llevarse documentos con informaciones requeridas, también se llevaron equipos y mantuvieron retenidos a los miembros del pleno incomunicados mientras duró la intervención del edificio.
Al defender la actuación del Ministerio Público, Finjus estima que así como titular del monopolio investigador
en cuanto a la comisión de infracciones y hechos punibles, el MP tiene la facultad de hacer las diligencias necesarias para recabar las pruebas requeridas para profundizar las pesquisas que realiza.
Finjus citó el articulo 184, del Código Procesal Penal, el cual faculta al órgano investigador al registro de locales públicos, dentro de los cuales se incluyen las dependencias estatales, con la debida autorización judicial de mandamiento u orden de allanamiento.
