Luego de 27 horas interrumpidas de una prolongada audiencia de coerción, finalmente el juez José Alejandro Vargas, del Tribunal de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra 11 imputados por el Ministerio Publico de constituir una organización criminal que estafó al Estado con miles de millones de pesos, mediante compras y contrataciones supuestamente ilícitas.
Antes de describir a cada uno de los acusados los contenidos de sus respectivas medidas de coerción, el juez Vargas pronunció una elaborada introducción para motivar y explicar las sentencias adoptadas, así como para darle a conocer a fiscales, abogados de la defensa y a la opinión publica su opinión respecto al caso bajo su responsabilidad.
Estimó que en la especie existe la asociación de malhechores y colusión de funcionarios para estafar al estado, y precisó que el grupo integrado, entre otros acusados, por Alexis Medina Sánchez, cabecilla del grupo, y Carmen Magaly Medina Sánchez, ambos hermanos del presidente Danilo Medina, puso al descubierto una crisis familiar, según la cual los Medina Sánchez se aprovecharon de la debilidad personal del ex mandatario hacia el más pequeño, Alexis, para traicionar la confianza depositada en ellos y desfalcar el patrimonio publico.
Vargas declaró el caso complejo, acogiendo una solicitud del Ministerio Publico, pero rechazó su pedido de un año de prisión preventiva para el grupo de 11 imputados, ocho de los cuales fueron enviados a cumplir tres meses de prisión preventiva en las cárceles del nuevo modelo de San Cristóbal y en San pedro de Macorís, dos sufrirán arrestos domiciliarios y uno fue liberado con presentación periódica ante un funcionario judicial.
Cumplirán prisión preventiva de tres meses, Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagan Rodriguez, ex director de la OISOE, Aquiles Alejandro Christopher, y Fernando Rosa, ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en la cárcel CCR de San Cristóbal.
Tres meses en la cárcel de San Pedro de Macorís, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Mientras, Magaly Medina Sánchez y el ex ministro de Salud, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo y Rafael Germosén, ex contralor general de la República, arresto domiciliario, portando localizadores electrónicos y el pago de una fianza contractual de 10 millones de pesos. El único liberado con presentación periódica en los próximos tres meses es el señor Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Al ponderar el caso, el juez Vargas descartó la motivación política como eje de la persecución del ministerio público y atribuyó a una «falla familiar» el involucramiento penal de los hermanos Medina Sánchez que se aprovecharon de la debilidad personal del ex presidente Danilo Medina, quien tiene preferencia manifiestas por Alexis, el menor de los hermanos. Vargas describió a Alexis como «la niña linda» del ex mandatario, que trató siempre de mantenerlo alejado de su entorno de gobernante.
El juez Vargas aseguró que Alexis Medina mandaba más que cualquier funcionario del gobierno, razón por la cual se aprovechó de su hermano mayor para incurrir en tráfico de influencias y llevar adelante toda clase de negocios.
Se trata de una lección moral, jurídica y política para la posteridad.
