HACIA UNA POLITICA DE ESTADO ANTITRUJILLISTA
Por Melvin Matthews.
Ya era hora de que un gobierno democrático se decidiera por encaminar a la nación hacia una política de Estado antitrujillista.
Tal misión resulta perceptible dentro del decreto presidencial 335-21, emitido hace pocos días, que declara el 30 de mayo de cada año “Día de la libertad”, especificando, concretamente, que la referida efeméride se instituye, “en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos ejecutados, así como los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado dominicano durante los 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael Leónidas Trujillo Molina”.
Dada la amplitud de la orden presidencial y que mediante la misma se procura establecer la costumbre de rechazar las amenazas trujillistas, esa política de Estado debería convertirse en norma jurídica de carácter general dictada por el Poder Legislativo, una ley de obligatorio cumplimiento, de carácter permanente y, por tanto, más fuerte que un decreto, el cual puede ser derogado por otro decreto. Se sabe que la Ley es derecho escrito, mientras la costumbre es derecho no escrito.
No obstante, la disposición presidencial comentada contiene un mensaje claro y directo del ejecutivo de la nación para que los ciudadanos jamás olviden el oprobioso régimen trujillista, fortalezcan el repudio a modelos tiránicos o dictatoriales y tiendan colectivamente a consolidar el régimen de derecho, que con tantos sacrificios se ha ido construyendo a lo largo de seis décadas.
En el párrafo del referido artículo, el mandatario exhorta a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio el día 29 de mayo del 2021, a las siete y diez de la noche (7:10 p. m.), en todo el territorio de la República, como homenaje solemne del Estado, y en nombre de la nación dominicana, a la memoria de todas las victimas de la dictadura de Trujillo.
Asimismo, formó la comisión encargada de la conmemoración de los 60 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, para reconocer la vocación democrática permanente del pueblo dominicano, presidida por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, e integrada por los ministerios de Defensa y Educación, además de otras cinco entidades oficiales. Desempeñarán la función de forma honorífica.
A continuación, instruyó a los comisionados a cumplir con un cometido cabal: poner en marcha una campaña nacional, que aproveche el 60 aniversario del ajusticiamiento para promover y educar en torno a la idea de la democracia, y subrayar el valor de los mecanismos institucionales que sostienen el Estado de Derecho desde una estrategia de comunicación y una plataforma pedagógica, que enarbole los anhelos del pueblo dominicano en 1961, tales como la libertad, el disfrute de derechos sociales, la redistribución de riquezas, la libre y plural participación política, la justicia, entre otros.
Se trata, pues, de provechar la fecha para enrumbar a la nación hacia una política de Estado antitrujillista, la cual empieza forjando la conciencia mediante la educación, que ha sido históricamente, desde la Atenas de Sócrates, Platón y Aristóteles, el camino para enseñar democracia, libertad, moral y dignidad humana.
Porque el trujillismo no desapareció con el ajusticiamiento a tiros del tirano aquella noche heroica, camino a San Cristóbal, del 30 de mayo de 1961, pues como señala el primer considerando del decreto oficial “el pueblo dominicano padeció durante 31 años una oprobiosa y sanguinaria dictadura estructurada, organizada y dirigida por Rafael Leónidas Trujillo Molina, cuyo inicio formal fue el 16 de agosto de 1930”.
El trujillismo logró sobrevivir impunemente agazapado en la inestabilidad política del lustro siguiente a la decapitación del régimen; posteriormente, obtuvo protección de los gobiernos conservadores y violadores de los derechos humanos del doctor Joaquín Balaguer, quien era el presidente títere la noche que el sátrapa cayó ajusticiado y, subsiguientemente erigido en su heredero político, gobernaría la nación de forma autocrática durante dos largos mandatos de 12 y 10 años, respectivamente, instalado en la mansión ejecutiva el 1 de julio de 1966, como resultado de la segunda intervención militar de los Estados Unidos del siglo XX en la República Dominicana, tras la guerra civil de 1965.
En la misma línea de impunidad al trujillismo, los gobiernos del PRD, encabezados indistintamente por don Antonio Guzmán-Jacobo Majluta, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía, fueron incapaces de formular una política de Estado antitrujillista; el fraude electoral balaguerista de 1994, que evitó el triunfó del líder perredeista José Francisco Peña Gómez, unido a la llegada al poder del PLD en 1996 con el apoyo del caudillo reformista, permitieron el reciclaje permanente del trujillismo en la conducción del Estado.
Por ende, hasta ahora no ha existido una política de Estado, o de gobierno, decidida a desmontar la influencia que aún ejerce la figura de Trujillo sobre la sociedad dominicana. La frase “aquí hace falta Trujillo” suele repetirse ante el asomo de cualquier crisis institucional; el trujillismo se enarboló en nuestra democracia cuando un gobernante democrático pretendió asumir posturas trujillistas, o cuando ha aparecido un funcionario del gobierno, historiador, periodista o intelectual, defendiendo las supuestas bondades y realizaciones alcanzadas durante las tres décadas de Trujillo, comparándolas despectivamente con falencias inherentes a la democracia representativa.
Creo oportuno suscribir tres considerandos claves del decreto 335-21, los cuales definen el propósito antitrujillista del presidente Abinader: Primero, “que el dictador Trujillo instrumentalizó los distintos poderes del Estado para auspiciar el culto exacerbado a su personalidad, propiciar su enriquecimiento, así como el de sus familiares, allegados y testaferros, lograr instalar un sistema de control absoluto del Estado y, a su vez, de la sociedad dominicana, los medios de comunicación social y la opinión política”.
¿Acaso, insinúa con esto el presidente Abinader que tal sistema político dictatorial últimamente se ha repetido?
Segundo, “que el dictador Trujillo no tuvo límites ni observó ética alguna en el ejercicio despiadado del poder, convirtiendo el erario y su posición política privilegiada en fuentes de corrupción a partir de los cuales construiría una ingente fortuna que, al día de hoy, luego de un extraordinario proceso de confiscación, ha quedado justamente integrada al patrimonio del Estado dominicano”.
Tercero, “que la dictadura de Trujillo lo colmó todo durante sus 31 años de duración, hasta que la noche del 30 de mayo de 1961 un grupo de hombres ejecutó el plan de matar a quien había dirigido a su antojo los destinos de la nación dominicana, pagando con el martirio su honroso sacrificio”.
Cuarto, que el ajusticiamiento del dictador Trujillo es de los capítulos más relevantes de la historia contemporánea, con el que se puso fin al absolutismo, a las vulneraciones de los derechos fundamentales y al culto a la personalidad: se honró a los miles de muertos y desaparecidos victimas de esta cruenta dictadura; y se abrió una nueva etapa de la historia dominicana en la que el pueblo dominicano lucharía con denuedo desde la democracia por la libertad y la justicia social.
Y, quinto, que el 30 de mayo de este año se conmemora el 60 aniversario de esta gesta heroica que dio fin a 31 años de oscurantismo, sumisión y barbarie de la férrea dictadura trujillista.
Finalmente, creo que a través del histórico decreto 335-21, el presidente Abinader acaba de entregarle a la nación las lucidas directrices pormenorizadas de una verdadera política de Estado antitrujillista -que hacía falta para la institucionalidad-, la cual reafirma, consolida y orienta la voluntad democrática de la nación del presente y del futuro frente a cualquier intento neotrujillista.
