República Dominicana y Haití comparten una historia infinita de convenciones diplomáticas, acuerdos bilaterales migratorios y comerciales, que se extiende desde los tratados de extradición de 1874 y 1933, atraviesa aquella ignominia, obra maestra de Joaquín Balaguer y el dictador François (Papa Doc) Duvalier, que dio forma legalmente inhumana, a partir de 1966, a la contratación y entrada en dominicana de jornaleros temporeros haitianos (llamados braceros), algunos de los cuales vinieron a cobrar pensiones miserables en los albores de la presente administración.
La razón por la cual tales pactos caducaron perdidos en la bruma del tiempo se debe a la falta de seguimiento y ejecución sistemáticas de los temas pautados, característica inherente a sociedades económicamente atrasadas, lideradas por gobiernos corruptos a los que conviene el caos y la constante inestabilidad política que genera la ausencia de institucionalidad.
Comparativamente, la República Dominicana posee un sistema económico y político democrático bastante superior al volátil e impredecible régimen haitiano, desigualdad que desalienta el cumplimiento de compromisos oficiales conducentes al desarrollo social y a la preservación de la paz entre de ambos paises.
Ahora los presidentes Luis Abinader y Jovenel Moise acaban de emitir una declaración conjunta luego de la reunión del pasado domingo 10 de enero, no publicitada y aparentemente improvisada, durante la cual discutieron temas prioritarios de la agenda bilateral dentro del contexto de la cooperación y el respeto a las soberanías respectivas.
El preámbulo de la declaración prosigue reafirmando la voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos paises, intercambiar experiencias, especialmente en tiempos de pandemia y fortalecer las oportunidades de desarrollo.
Destaca a continuación, que Haití se encuentra dentro de un proceso de reforma constitucional destinado a consolidar la gobernabilidad democrática, mientras la República Dominicana -actuando en el marco del respeto a la soberanía de los Estados- alienta a las autoridades haitianas “a trabajar para asegurar que este proceso cumpla con las aspiraciones del pueblo haitiano”.
La declaración consta de 9 puntos, los cuales sería prolijo detallar aquí, pero resalto el primero debido a que se presenta como el más desafiante en términos de seguimiento y ejecución, dada la naturaleza humana que comporta. Se refiere a que las instituciones de los dos paises “están dispuestas a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano”.
Concedo la razón al gobierno cuando afirma que por primera vez se tratan de manera responsable con las autoridades haitianas los temas más importantes para la Republica Dominicana, y resalto la especificad y actualidad de los puntos discutidos pues, en principio, el acuerdo pretende reducir el peso de las parturientas haitianas sobre el sistema de salud dominicano, construyendo hospitales del otro lado de la frontera. El tema de las parturientas constituye una preocupación de amplio espectro en República Dominicana.
El presidente Abinader aclaró que el gobierno dominicano no invertirá fondos en la edificación de hospitales en Haití, como se ha malinterpretado. La nación dominicana actuará como un canalizador o facilitador de las ayudas que en ese sentido recibirá del exterior el pueblo haitiano. Adelanto que dentro de pocos días empezarán reuniones con los embajadores de los paises donantes de Haití para abordar la financiación, estos son: Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania.
Además, el compromiso fortalece los controles fronterizos mediante infraestructura física y tecnológica para detectar la inmigración ilegal, el tráfico de armas y el contrabando, al tiempo que pretende formalizar todo el comercio con Haití “brindando estabilidad a los exportadores dominicanos y dándole transparencia a millones de dólares de exportación irregular”. Crea, asimismo, un mercado para los excedentes de energía producidos en el futuro y pondrá fin a la incertidumbre surgida de los limites fronterizos marítimos entre las dos naciones.
Coincido en que al permitir la documentación de todos los nacionales haitianos que se encuentran sin identificación tanto en Haití como en dominicana, se define la correcta nacionalidad de todos los habitantes de la isla Hispaniola, al tiempo que se desactiva la mayor demanda de los sectores ultraderechistas anti haitianos que medran en el oficialismo y vieron en el acceso al poder de Abinader una oportunidad de intervenir en la conducción de la política migratoria.
Solo la identificación e inscripción en el registro civil de Haití de los ciudadanos del estado vecino que se encuentran ilegalmente en territorio dominicano es suficiente para apoyar la declaración conjunta rubricada por los dos mandatarios, con la esperanza de que el proceso electoral abierto para las elecciones haitianas del 19 de septiembre no sea aprovechado por los grupos anti dominicanos que suelen crear conflictos entre ambos paises.
En cuanto al presidente Abinader y el pueblo dominicano, siempre será mejor negociar con Haití, que escuchar a la ultraderecha anti haitiana.
