A raíz de la circulación entre los integrantes del Ministerio Público de las propuestas
de reglamento de escalafón y las bases para un concurso interno de ascenso de
fiscalizadores, me ha generado gran preocupación las denuncias sobre maltrato y
explotación laboral vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las
redes sociales.
Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables
de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han
producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.
Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear
respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso
del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gestión y
accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la
defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente
correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia
aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré
nada que así disponga (que no es el caso).
Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Público
arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones
inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son
fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal. También
reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse
situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.
Una de las principales metas que he asumido al frente de la institución es la mejora
progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que
corresponden a los integrantes del Ministerio Público. Por ello, procuramos a través
de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria los recursos
necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de
los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero
que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los
planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700
millones de pesos anuales.
Ante las denuncialas denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de
una parte de los integrantes de la institución, he designado una comisión
independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico
institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas
oportunas. Tengan seguro que consecuencias habrá.
Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del
Ministerio Público.
Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora
general de la República, asumo con el cumplimiento de la ley. No sucumbiré al
chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda
el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del
Consejo Superior del Ministerio Público. Estaré siempre en disposición de
conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se
realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que
nos debemos como personas decentes.
Sé perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin
saltarse ninguno. Vi gente que me pasó por el lado a exceso de velocidad, pero
nunca sucumbí a la maledicencia y la desconsideración ajena. El Ministerio Público
cuenta con un régimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestión
de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades
que perviven a lo interno de la institución. Ese es el compromiso que he asumido.
Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las
iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir más el
debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios
considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas
pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones
presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.
Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean
canalizados sin entorpecer el servicio de procuración de justicia penal.
Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá
contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el
adecentamiento del Ministerio Público.
