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Abinader, indignado, condena asesinatos jovenes evangélicos a manos de agentes policiales.

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Consterna y causa profunda indignación el asesinato de la pareja de esposos pastores evangélicos acribillados inexplicablemente por agentes policiales, que supuestamente los habrían confundido con delincuentes a quienes perseguían.
El matrimonio Joel Díaz y Eliza Muñoz Marte murieron practicamente al instante en circunstancias aún no aclaradas, cocidos salvajemente a tiros por miembros de una patrulla de la Policía Nacional, agentes que claramente ignoraron el protocolo simple de comprobar las identidades de los ocupantes del automóvil sospechoso.
Sin mediar palabras, los policías vaciaron sus armas contra tres inofensivas personas que se trasladaban pacíficamente la noche del martes por las inmediaciones de Villa Altagracia, al norte de Santo Domingo. Carlos Alberto Rodríguez Lamais, tercer pasajero a bordo del auto, resultó gravemente herido durante el ataque.
A simple vista, los agentes interceptaron el vehículo y, en una verdadera acción de guerra, empezaron a disparar a mansalva contra los ocupantes del auto. Una verdadera cacería humana, inexplicable e injustificada, obra de agentes policiales predispuestos al crimen, entrenados para matar, acostumbrados a vaciar sus armas contra civiles sin comprobación previa.
La indignación que manifestó hoy el presidente Luis Abinader debe ser compartida por toda la población. Su reforma policial propuesta debe profundizarse hasta las últimas consecuencias. En las filas de la policía nacional no debe quedar ni un agente cuya hoja de servicio se encuentre manchada de sangre o por hechos de corrupción. La depuración policial es una tarea obligada, parte integral del desarme de la sociedad e imprescindible para la persecución y sanción de la criminalidad en todas sus manifestaciones.
Estamos cansados de agentes policiales asesinos, protagonistas de hechos horrendos cuyas investigaciones a cargo de comisionados oficiales de la institución, a nada conducen. No basta con separar a los agentes criminales de las filas policiales y traducirlos a la Justicia; sobre ellos debe caer todo el peso del nuevo Código Penal.

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