Por Melvin Matthews.
El presidente Luis Abinader está compelido a proteger la vida de Jean Alain Rodríguez y la de su familia, así como la de cualquier ciudadano colocado en situación de inminente amenaza de muerte, sin menoscabo de su filiación política o partidaria.
El mandatario puede decidir si responde o no la carta publica que le ha remitido el ex procurador general Jean Alain, exponiéndole la amenaza de la cual ha sido objeto por parte de imputados en el caso Odebrecht, pero lo que el mandatario no puede evadir es la responsabilidad que dimana de su alto cargo en términos de brindar la seguridad necesaria a quien desde la PGR investigó y sometió a la justicia a quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados por los crímenes y violaciones derivados de los sobornos de Odebrecht, el peor escándalo de corrupción que ha registrado la historia nacional y cuyos efectos penales abarcan a una docena de paises.
Sería una irresponsabilidad supina del presidente Abinader dejar sin protección, abandonándolo a su suerte por puro revanchismo partidario, la seguridad personal del ex procurador general Jean Alain, quien carga con la responsabilidad histórica de enviar ante la justicia a los imputados por los sobornos que Odebrecht admitió haber repartido entre exfuncionarios y empresarios nacionales. Si hoy el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se apresta a fallar el caso Odebrecht, se debe, en primer lugar, a las acciones emprendidas por el pasado procurador general, a quien no le tembló el pulso para asumir su responsabilidad como funcionario judicial y, en segundo lugar, a la continuidad del actual Ministerio Público, que ha fortalecido las más de 1,700 pruebas contenidas en la acusación y ha subido los debates en la sala de audiencia a su máxima expresión, dejando clara la impresión de que los imputados pueden ser hallados culpables cuando se evacue la esperada sentencia.
Sobre el particular, cito las declaraciones recientes de la fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, quien dijo que la teoría del caso y la acusación del ministerio público nunca estuvo más fortalecida como en este momento en que los imputados presentan al tribunal sus presuntas pruebas a descargo y sus testigos. “Hemos visto desfilar la defensa de tres de los imputados y ningunas, ni las pruebas documentales ni testimoniales, han derrumbado la teoría del caso del ministerio Público. ¿Por qué? Porque, sencillamente, no han aportado nada”, resaltó.
Cuando Abinader asumió el cargo el 16 de agosto del 2020, una inevitable ola de optimismo invadía a los coacusados, sus defensas técnicas y propagandistas mediáticos de que pronto vendría la caída del expediente mediante el descredito constante de Jean Alain y que este daría con sus huesos a la cárcel. Pero a casi un año del cambio nada parecido ha ocurrido. Abinader designó un procurador independiente, la doctora Miriam Germán Brito, quien inmediatamente anunció su inhibición del caso Odebrecht, permitiéndole al ministerio público proseguir la acusación con el mismo profesionalismo, tenacidad y vigor que su predecesor. Y Jean Alain no ha sido tocado por la ola revanchista que le persigue, sencillamente porque nada lo incrimina.
Como es alta la probabilidad de que los seis imputados sean declarados culpables en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, entonces surge la amenaza de muerte contra Jean Alain, la cual se produjo el 26 de mayo pasado, cuando, (SIC) “Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó en forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal”. Al parecer, Rondón se sintió tan cómodo hablando a través de un medio televisivo y con periodistas al servicio del gobierno, que no reparó en el alcance legal de sus palabras.
Si los dos imputados principales del caso Odebrecht, Rondón y Díaz Rúa, odian a muerte al exprocurador es porque las pruebas son fuertes y el caso no es tan débil como sostenían al principio; si el expediente no se apoya en pruebas sólidas, entonces no lo odiarían tanto ni lo amenazarían.
El caso Odebrecht no es un juego de beisbol; las investigaciones del descomunal caso de corrupción empezaron en Estados Unidos, razón por la cual la carta de Jean Alain que comentamos fue remitida, además, al Departamento de Justicia de USA, donde el exprocurador siempre ha tenido estrechos vínculos con acceso libre a los despachos del ministro de Justicia y al director del FBI. Hacerle caso omiso a su denuncia pudiera generar una crisis.
Odebrecht tampoco es el resultado de una disputa partidaria; aunque el presidente Abinader tiene correligionarios sentados en el banquillo, al igual que los otros partidos, su actuación de gobernante no debe estar signada por el revanchismo ni la instigación chismosa de terceros. Odebrecht es el peor escándalo de corrupción que se ha originado en la historia dominicana y la nación estaba compelida a resolverlo a través de la justicia, por tanto, un procurador general ha tenido que asumir su papel como funcionario judicial competente. Ese funcionario se llama Jean Alain Rodríguez, por eso lo amenazan de muerte. Sin Jean Alain no existiría el caso Odebrecht, fuéramos el único de 12 países afectados sin haber juzgado culpables.
Desde hace un tiempo se viene diciendo que la justicia independiente está parcializada, pero con amenazas la justicia jamás puede ser independiente.
