Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como un delito autónomo, lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado Entre las sanciones aplicables a actos de corrupción administrativa figuran: penas de hasta 10 años de prisión, inhabilitación en funciones públicas, devolución de fondos y pago de 20 a 60 salarios mínimos …