Tribunal deja sin efecto revisión de coerción a exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta y otros implicados en corrupción enOperación Calamar
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó la revisión de la Prisión
Preventiva para el próximo mes de septiembre
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional fija para el próximo mes de septiembre la revisión obligatoria
de la medida de coerción impuesta a los exministros Donald Guerrero y José Ramón
Peralta, de Hacienda y Administrativo, respectivamente, quienes cumplen prisión
preventiva por su vinculación al entramado de corrupción administrativa
desmantelado con la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), detalló que la audiencia para
la revisión de la medida fue dejada sin efecto y fijada para el próximo 1 de septiembre
del presente año, conforme la confirmación de la medida de coerción por la Corte
de Apelación del Distrito Nacional.
“Hoy acudimos a esta audiencia porque fue fijada en la audiencia de medida de
coerción, pero no procedía la revisión por dos razones: los imputados que tienen
como medida de coerción la prisión preventiva apelaron, y, como consecuencia de
la apelación, se mueve la fecha de la revisión, por eso el tribunal ha fijado esa revisión
para el 1 de septiembre del presente año. Con relación a los que tienen arresto
domiciliario, esa revisión solo puede hacerse a solicitud de parte, y, ninguna de las
defensas en el día de hoy había solicitado la revisión de la medida de coerción”, dijo
a periodistas que lo abordaron cuando salía del tribunal.
En ese sentido, explicó que en virtud de que esas defensas no solicitaron la revisión,
“el Ministerio Público pidió al tribunal dejar sin efecto esta revisión, conforme lo que
establece el Código en su artículo 239 y el tribunal ha acogido el pedimento del
Ministerio Público y ha dejado sin efecto el conocimiento de la audiencia”.
El artículo 239 del Código Procesal Penal establece, entre otros, que la revisión
obligatoria de la medida de coerción se realiza cada tres meses y que el cómputo del
término se interrumpe en caso de recursos contra esta decisión, comenzándose a
contar íntegramente a partir de la decisión respectiva.
Sobre si se han sumado otros imputados a los acuerdos con el Ministerio Público,
Camacho respondió: “Como en otros casos, en este caso el Ministerio Público
siempre ha tenido abiertas las puertas para que personas que estén en condición de
colaborar se acerquen al Ministerio Público, pero, como ustedes saben, en el
momento oportuno, una vez estemos listos en los tribunales, entonces daremos a
conocer los detalles de los acuerdos”.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional,
adoptó la decisión de dejar sin efecto la audiencia porque los imputados habían
apelado la decisión que le mantiene en prisión y al serle ratificada la medida de
coerción por parte de los jueces de la Corte de Apelación, el pasado 2 de junio,
entonces se renuevan los plazos para la revisión obligatoria.
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta cumplen 18 meses de prisión
preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación
(CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que a principios del
pasado mes de abril la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del
Distrito Nacional, Kenya Romero, dictara dicha medida.
Además del titular de la Pepca, el Ministerio Público estuvo representado por los
fiscales Arolin Lemos, Melbin Romero, Héctor García, Rosa Ysabel y Elvira
Rodríguez.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200
elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron
más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones
en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los
imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete,
Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas
Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías
Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción
desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el
exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la
República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña,
y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar
Fernández.
Igualmente, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David
Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye
conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como
los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
Además, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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Ministerio Público. R.D.
Martes, 4 de julio de 2023.
