PORQUE ATACAN AL BANCO DE RESERVAS
Por Melvin Matthews.
La campaña de desinformación reciente contra el Banco de Reservas tiene su historia, y deja al descubierto a los sectores que pretenden beneficiarse de un eventual colapso de la principal y más grande entidad financiera nacional, propiedad del Estado Dominicano.
Durante décadas rigió entre los gobiernos de turno y la expansiva banca privada una especie de acuerdo político tácito, en virtud del cual, Banreservas funcionó como un banco estatal de desarrollo, al margen de la actividad financiera múltiple; por ejemplo, productos de intermediación financiera, un estatus que le impedía competir en igualdad de condiciones en el exigente mercado bancario moderno controlado por conocidos grupos económicos.
Pero ese acuerdo no escrito sucumbió, cuando Luis Abinader promulgó el decreto 13-24, el 23 de abril del 2024, contentivo de la ley orgánica de la institución, que formaliza su posición de banco múltiple, cambia la razón social oficial, denominada ahora “Banco de Reservas de la República Dominicana –Banca Múltiple, S. A.”, con el objeto de competir en igualdad de condiciones, una obra jurídico financiera cuyo arquitecto fue Samuel Pereyra, el expresidente ejecutivo reemplazado por el actual incúmbente, Leonardo Aguilera, quien continúa la misión.
El Estado es el único dueño del Banco de Reservas, conforme a la legislación que sustituye la ley 6133, del Consejo de Estado, diciembre1962. Con razón, Pereyra exclamó: “Esta es la primera vez en 61 años que se realiza un cambio sustancial a la normativa que regula a Banreservas, por lo que representa un paso importante, ya que la convierte en una entidad más moderna, ágil y centrada en el cliente”.
La condición de único dueño de Banreservas, permite al Estado obtener el 40% de las utilidades generadas, de los cuales puede disponer directamente del 15% para cubrir deudas con la institución financiera, como ocurre actualmente; el 60% de los restantes beneficios distribuibles se destinan a las reservas patrimoniales del banco, al cual la ley 13-24 eliminó la exención fiscal general prevista anteriormente, situándolo en igualdad de condiciones competitivas frente a sus pares del sistema financiero nacional.
Por ende, ¿cuáles sectores se benefician de la campaña de desinformación lanzada desde las redes sociales contra el Banco de Reservas? Por supuesto, a la competencia financiera y al liderazgo político opositor. El primero, recuperaría el terreno bancario perdido y el segundo sería catapultado hacia el Palacio Nacional de forma indetenible.
No fue en vano que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, celebró una reunión urgente con la Asociación de Bancos Comerciales, el pasado 22 de diciembre, advirtiéndole contra la propagación de noticias falsas perjudiciales para el Reservas, siguiendo a declaraciones en igual sentido del Ministro de Hacienda, Magín Díaz.
Atacan al Banreservas, porque Abinader lo ha erigido en la principal institución financiera de la República Dominicana. Su destrucción desprestigiaría al gobierno y aportaría votos suficientes a la oposición, aunque salga afectada la seguridad nacional.
La nueva legislación 13-24 ordena que el Banco de Reservas dispone de un capital de RD$39,000 millones, cantidad que su Consejo de Directores puede aumentar o disminuir conforme a la Ley Monetaria y Financiera. Esto significa, que la institución ha quedado facultada para decidir acerca del manejo de su capital, sin el requerimiento aprobatorio del Congreso Nacional, siempre y cuando dichos aumentos o disminuciones se realicen con cargo a las reservas patrimoniales de la entidad, lo cual garantiza el fortalecimiento de la posición financiera, permitiéndole cumplir holgadamente con los requisitos regulatorios,
De hecho, el sector empresarial siempre ha anhelado compartir la propiedad del Banreservas con el Estado, debido a las políticas de privatización características de los gobiernos de las últimas décadas. Sin embargo, la novedosa ley orgánica actualizó la estructura, el capital y la operatividad como entidad de intermediación financiera, alejando toda posibilidad de participación accionaria privada en la entidad, pues solo reconoce y designa al Estado como el único accionista que define el destino de sus utilidades.
Por tales razones, los portavoces del sector privado y de la oposición en las redes sociales han desatado la reciente campaña de desinformación, con el propósito de producir un corralito financiero, que conduzca al colapso de la principal institución financiera de la República Dominicana.
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