PALIZA TIENE RAZÓN, EL PAÍS CAMBIÓ
Por Melvin Matthews.
En un discurso breve y sustancioso, José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la Presidencia, dijo verdades, defendió a la organización oficialista y al gobierno, estableció la tolerancia de administraciones anteriores frente a la corrupción y la impunidad, además de desmontar la pretenciosa narrativa de que todos los partidos son iguales, porque los infiltra el cáncer del narcotráfico en la búsqueda de inmunidad.
La realidad queda patente en los múltiples casos de corrupción investigados y procesados desde finales del 2020, los Antipulpo, Medusa, Operación 13 y muchos más; nombres de altos funcionarios civiles del pasado y del presente, militares y de familiares de un ex presidente, “que jamás imaginábamos”, juicios de fondo en los tribunales avanzando, pero, sobre todo, la larga lista de extraditados por tráfico de narcóticos. Un ciclo sin precedentes.
La siguiente evidencia de que la ética de gobernar produjo cambios significativos, estriba en el Ministerio Público realmente independiente, hecho posible mediante una reforma legislativa novedosa, concomitante a la designación por el CNM) del Procurador General, sacado de la jurisdicción del Poder Ejecutivo.
El cambio fundamental subyace en que Luis Abinader logró introducir una fórmula pétrea constitucional, que prohíbe definitivamente la reelección presidencial más allá de un segundo mandato; además, que el mandatario sentó el precedente de jamás intervenir en los procesos judiciales.
Más aún: es del dominio público que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha perseguido y capturado la mayor cantidad de narcotraficantes de los últimos tiempos, realizando operativos de incautación a nivel nacional, los cuales concitan el reconocimiento de organismos internacionales, especialmente desde Estados Unidos.
Donde Paliza, político y funcionario del gobierno sorprendió a la audiencia nacional y provocó reacciones en la oposición, fue al expresar su seguridad de que nuevos casos surgirán en el futuro, que afectarán al PRM y al sistema de partidos, “no porque seamos peor país”, dijo, “sino porque el narcotráfico es un cáncer”, pero específicamente, porque en la República Dominicana la impunidad dejó de ser una opción
Al lamentar que quienes debieron impedir (los gobiernos del PLD, Fernández y Medina) “la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado, no cumplieron su responsabilidad como debían, Paliza se expresó indignado, debido a que determinadas personas accedieron al PRM, muchas procedentes de otras organizaciones, en procura de impunidad, pero no la encontraron.
Hubo una novedad en la corta alocución de Paliza, consistente en la modificación de la Ley 155-17 para fortalecer a los partidos políticos como “sujetos obligados” en la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.
Esa normativa divide a los sujetos obligados en financiero y no financiero. Entre estos últimos figuran los partidos políticos que, en calidad de persona jurídica o moral debido a su actividad o el manejo de recursos públicos, están legalmente obligados a cumplir las leyes destinadas a prevenir, detectar y mitigar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Entre los financieros se incluyen bancos, casas de cambio, empresas, profesionales (abogados o contadores) y dependencias del gobierno, entidades que deben implementar políticas de debida diligencia para identificar a sus clientes, conocer el origen de sus fondos y reportar operaciones sospechosas.
Los no financieros se refieren a personas físicas y morales, que realizan actividades susceptibles de ser utilizadas en lavado de dinero; ejemplos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, abogados, notarios y contadores, cuando intervienen en determinadas operaciones, y empresas que compran y venden vehículos, barcos y aviones, casas de empeño y constructoras.
Asimismo, sujetos que manejan recursos públicos o ejercen actos de autoridad, que incluyen las dependencias de los poderes del Estado, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos y otras entidades públicas.
Por tanto, creo que fortalecer la Ley 155-17, respecto a los denominados “sujetos obligados”, forzaría a los partidos políticos a detectar preventivamente a quienes buscan impunidad contra el lavado de activos, la corrupción y la inmunidad dentro de sus organizaciones.
Paliza tiene razón, el país cambió.
