OPORTUNA ESCOGENCIA NUEVOS JUECES SCJ
Por Melvin Matthews.
Nunca como ahora fue tan oportuna e ingeniosa la escogencia de nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para renovar la membresía del principal tribunal de justicia de la República Dominicana, conforme a la Constitución.
Oportuna, porque acaba de suceder justo en el tiempo, lugar y circunstancia requeridas, a propósito de un sistema judicial que avanza inexorablemente sorteando urgentes desafíos y reclamos sociales contra la corrupción y la impunidad. El país quiere una justicia implacable, pero apegada al debido proceso y a las garantías constitucionales; corresponde a la SCJ dirigir ese proceso.
Ingeniosa la selección, porque los poderes del Estado representados en el CNM tuvieron la agudeza de designar abogados de la carrera judicial, jueces de apelaciones, académicos y escritores largamente dedicados a servir desde distintas atalayas del Derecho.
No hay críticas hacia las selecciones de los reconocidos juristas, Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lisett Vásquez Castro, pues prevalece un ambiente de consenso unánime entre la clase política, grupos económicos y los medios de opinión en que la SCJ debe aprestarse a dictaminar, sin impunidad, sobre los expedientes de corrupción cursantes en las instancias inferiores de la judicatura.
Creo que el CNM interpretó correctamente el texto constitucional, artículo 180, que prevé seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
Las designaciones se producen en medio del ambiente enrarecido que ocasiona la podredumbre administrativa evacuada desde el Servicio Nacional de Salud (SENASA), ente público afectado por el peor caso de corrupción de los últimos tiempos, el cual conmociona la conciencia nacional, imputado a prominentes figuras del oficialismo que ya guardan prisión preventiva.
Pronto, a este tribunal le tocará conocer de los recursos de casación surgidos en virtud de las apelaciones de abogados defensores, o el Ministerio Público, de las corrupciones en proceso, y, asimismo, tendrá que aplicar el novedoso Código Penal, legislación que entrará en agosto 2026 enfrentada a grandes expectativas
República Dominicana estrenará esa Ley 74-25, que endurece penas, introduce nuevos delitos (feminicidio, Sicariato, ciberbullyng, violencia económica, entre otros), y establece responsabilidad penal para empresas con el objetivo de modernizar el sistema de justicia ante el aumento delictivo, pero su aprobación generó debates debido a la penalización del aborto.
Su atractivo estriba en que eleva la pena máxima a 40 años de prisión (60 en caso de concurso de delitos) y se endurecen sanciones para crímenes graves, ejemplo el robo del SENASA, que afecta millones de usuarios de la salud pública para vergüenza del país. ¿Quién será el primero en llegar a la cárcel por esta vía?
