Tras la variación de la prisión a un imputado del Caso Medusa, lamenta
que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción
presentados por el Ministerio Público
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La procuradora de corte
Mirna Ortiz deploró la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional que varía la prisión preventiva a un imputado por
corrupción administrativa del Caso Medusa y lamentó que los jueces sigan
sin asumir la magnitud de los casos de corrupción procesados por el
Ministerio Público.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que “los
tribunales continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo”.
Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri
Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado
Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio
Público, la litigante indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen
de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los
tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como
tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud”.
Sostuvo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público
en estos momentos producto de sus múltiples operaciones contra la
corrupción y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya
establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la
cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la
obtención de dichas pruebas; cosas que no se habían visto con otros
procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.
“Entonces, los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso,
incluso, el juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que
le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía
amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más
y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.
Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso
arresto domiciliario, el pago de una garantía económica por un monto de
RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de
salida del país.
La litigante de la Pepca resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa
de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada
de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes,
realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso,
“que la cárcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida
resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.
“El juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en
prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”,
deploró Ortiz.
Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal
del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo
representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso
pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre
a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde
inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.
Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra
del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado
de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente
del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la
Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el
exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex
subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael
Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel
José Moya.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición
de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el
Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y
lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un
voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500
pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra
41 personas físicas y 22 empresas.
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Procuraduría General-Ministerio Público RD
Jueves, 2 de febrero de 2023
