La audiencia contra los imputados del Caso Anti-pulpo continuará el
próximo martes 10 de enero
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público sostuvo
este viernes que Juan Alexis Medina Sánchez, imputado por corrupción
administrativa en el Caso Anti-pulpo
, estableció contratos millonarios con el
Estado en condiciones privilegiadas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), afirmó que la defensa de Alexis Medina sigue sin poder justificar las
acciones sustentadas en la acusación del Ministerio Público.
“En el día de hoy ha quedado más que evidenciado que la defensa de Alexis
Medina no tiene argumentos válidos para desvirtuar la acusación del
Ministerio Público, tanto así que todas las proposiciones o argumentos
presentados en el día de hoy confirman nuestro escrito de acusación de que
Alexis contrató con el Estado, que tiene un pool de empresas en las cuales él
no figuraba, que esas contrataciones con el Estado realmente existieron y que
fueron pagadas esas contrataciones”, dijo Ortiz.
“Entonces, qué queda claro, que real y efectivamente Juan Alexis Medina
Sánchez contrató en condiciones privilegiadas, siendo hermano del
presidente de la República, con el Estado dominicano”, agregó, al responder
preguntas de los miembros de la prensa que la abordaron a su salida del
Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ortiz reafirmó que el delito de la asociación de malhechores se configura en
la acusación. “Aquellas personas que no son funcionarios, pueden o no
pueden asociarse con funcionarios públicos en la comisión de estos delitos,
pero tal y como dijo el juez eso lo vamos a ver en la audiencia del próximo
martes”.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, continuará conociendo el expediente del Caso Antipulpo
en fase preliminar el próximo martes 10 de enero, a partir de las 11:00 de la
mañana.
La audiencia se celebra en la sala del Segundo Tribunal Colegiado de esta
jurisdicción por razones de espacio.
El Ministerio Público estuvo representado por el titular de la Pepca, Wilson
Camacho, Mirna Ortiz, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos y
Yoneivy González.
La acusación presentada por el Ministerio Público consta de unas 3,445
páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina
Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo
Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del
expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas
y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el
exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José
Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como
Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de
esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel
Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a
Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola
Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las
personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply
S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.,
entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece
que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser
hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos
constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras
fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes
y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación
de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco,
soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de
campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de
funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública,
así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento
ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Dirección de Comunicación y Prensa
Procuraduría General-Ministerio Público RD
Viernes, 6 de enero de 2023
