Puerto Príncipe (Haití).(EFE).- Los obispos de Haití se sumaron este día a los numerosos sectores de la sociedad que exigen al presidente Jovenel Moïse dejar el poder dentro de cinco días, mientras el país se paraliza por una huelga general.
La cúpula de la Iglesia Católica, a través de un comunicado, recordó a Moïse que «nadie está por encima de la ley» y le pidió al mandatario que se aplique a sí mismo la Constitución.
La alusión a la Carta Magna ha sido entendida en todos los sectores políticos como un aval de los obispos a las tesis de la oposición en la polémica en torno al final del mandato de Moïse, una cuestión que amenaza con agudizar la crisis política, social y de seguridad que atraviesa el país.
Moïse asumió el poder el 7 de febrero del 2017, pero los opositores creen que su mandato, de cinco años, comenzó a contar un año antes, debido a la crisis que llevó a la anulación de las elecciones de 2015, que fueron repetidas en 2016.
La tesis de que el mandato termina el próximo domingo la defienden, además, gran parte de la oposición, los sindicatos, el Colegio de Abogados, los evangélicos, los jesuitas y algunos expertos constitucionalistas, que se amparan en una enmienda introducida a la Carta Magna en 2011.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha apoyado al gobierno en la idea de que el mandato concluye en 2022 y también ha mostrado su respaldo al calendario electoral presentado por Moïse, que prevé la celebración de comicios el próximo septiembre, tras un referéndum constitucional previsto para el 25 de abril.
Este martes se vivió el segundo día de la huelga general de 48 horas convocada por los sindicatos para pedir la salida de Moïse y para protestas por la inseguridad ciudadana que, en palabras de los obispos, ha puesto Haití «al borde de la explosión».
Todas las actividades volvieron a paralizarse en el área metropolitana de Puerto Príncipe y en algunas de las principales capitales de provincia del país. Las escuelas, el transporte público y la administración pública y las empresas privadas no funcionaron durante el día, las calles y los mercados de la capital estaban vacíos.
La tarde del martes, decenas de manifestantes se congregaron al frente del Palacio Nacional, con intención de apedrear la comitiva del presidente Moise mientras regresaba a su residencia, pero el grupo fue dispersado por la Policía con gases lacrimógenos. En varios puntos de la capital, se montaron barricadas y se registraron enfrentamientos esporádicos con la policía. Tras los incidentes de la jornada, a través de un comunicado, el gobierno hizo un llamado a «la serenidad, la paz y la tranquilidad en todo el territorio», al tiempo que instó a todos los grupos «a seguir haciendo uso del diálogo».
