Santo Domingo, (República Dominicana).El doctor David La Hoz, presidente de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), consideró este lunes que el Presidente Luis Abinader debe tomar medidas y frenar el incremento en los precios de los artículos de consumo masivo, amparado en la ley 79-74, pues la situación en los hogares se torna insostenible.
La Hoz planteó que ante la escalada alcista se impone que las autoridades competentes, amparadas en la Ley 79-74, dispongan la congelación de precios de productos de consumo básico.
«Para Fundecom el Gobierno del Presidente Abinader ha asumido una especie de descuido en relación a los precios de los alimentos, pues ha dado una respuesta tímida a los reclamos de los consumidores «, planteó La Hoz.
En nota de prensa enviada a este medio, la entidad recordó que, además está la Ley de Protección al Consumidor, que aunque no lo expresa, sí establece la necesidad de fijar precios justos.
«Yo pienso que el Gobierno haría bien con ponerse de acuerdo con los comerciantes y aplicar, apoyado en la Ley 79-74, que no ha sido derogada, producir la congelación de precios, aunque lo ideal es bajar el precio de los rubros alimenticios» , afirmó La Hoz.
Fundecom pidió al gobierno desempolvar la Ley 79, de fecha 28 de noviembre de 1974, a fin de que se fijen los precios de bienes y servicios de consumo básico, en base a análisis de costos y aprobando margenes de beneficios justos.
La Hoz entiende que la Ley 79, conocida como de congelación de precios, en realidad busca evitar que consumidores y usuarios salgan perjudicados y que los margenes de ganancia de productores y distribuidores
se ajusten a la crisis nacional e internacional producida por la pandemia del Covid-19.
La organización cree impostergable la emisión de un decreto designando los integrantes de la Comisión Técnica creada por la Ley 79, integrada por economistas y especialistas en costos, más una representación de los consumidores, los que harán estudios de costos y recomendarán los precios a los cuales deberán venderse los bienes y servicios de primera necesidad.
La fundación, creada en 1999, señaló que los precios del arroz, habichuelas, las carnes, el pescado, la leche y el aceite, entre otros, están a precios inalcanzables para la población.
En relación a la salud, la entidad entiende abusivos los precios de las pruebas PCR, las cuales están por encima
de los RD$4,500.
Por último, Fundecom recomendó al presidente Abinader tomar medidas heroicas que salven la economía popular, que no resiste mas beneficios exagerados para un grupo reducido de empresarios que cada año son premiados con exenciones en el presupuesto nacional que exceden los 260 mil millones, sin que se les exija nada a cambio.
PROPONE APLICACIÓN LEY 105-13 SOBRE AUMENTO DE SALARIOS.
Al propio tiempo, el profesor David La Hoz felicitó al presidente Abinader por su reciente anuncio de aumento salarial en el sector público, pero sugiere aplicar la Ley 105-13, de salario público para evitar distorsiones salariales.
«Entendemos que el presidente Abinader tiene el deber de aplicar la Ley 105-13, de fecha 8 de agosto de 2013, de salario público, pues esa ley solo espera que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto aprobando el reglamento para su aplicación y que en el proyecto de Presupuesto de 2022 sea incluida la partida correspondiente » considera Fundecom, en nota de prensa enviada a prensadehoyrd.
De igual forma, La Hoz, presidente de la entidad de consumidores y usuarios, dijo que «el artículo 12 de la Ley 105-13, contiene una tabla salarial para los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuyo tope es de 450 mil pesos mensuales para el Presidente de la República, y a partir de ahí hacia abajo, sin que ningún funcionario pueda ganar más que el jefe de la Administración Pública».
Fundecom llamó a las organizaciones sindicales y sociales a aunar esfuerzos con el objetivo de que el Presidente de la República promulgue el decreto contentivo del reglamento de aplicación de la Ley 105-13 y que incluya la partida correspondiente para su cumplimiento en el proyecto de Presupuesto de la nación para el año 2022.
La fundación consideró que también se deben comprometer los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro de Hacienda, el Tesorero Nacional, el Contralor General de la República, Director General de Presupuesto y la Dirección General de Ética Gubernamental a cumplir con un mandato legal que lleva 8 años rezagada en su cumplimiento.
