Carmen Imbert Brugal
La “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana” -EISC-presentada al país por el presidente de la República, incluye “un innovador programa de recompras de armas ilegales”. En el título y la propuesta están la ilicitud y la candidez.
La intención contraviene el ordenamiento jurídico penal, las competencias de las distintas jurisdicciones.
La declaración presidencial interfiere el decurso del proceso penal. Luce amnistía para homicidas, asesinos, autores de robo con violencia, traficantes y portadores de armas ilegales.
Las sanciones establecidas en la ley serán sustituidas por un cupón. Los infractores eludirán el juicio y la condena, cuando entreguen la prueba del crimen y serán recompensados.
En la EISC, además, pervive la concepción clasista del delito y la delincuencia.
Solo la marginalidad delinque. Pueden continuar con el porte y tenencia ilegal comerciantes, políticos, periodistas, sacerdotes y el extenso etcétera de la impunidad. Tranquilos seguirán exhibiendo Glocks y Kalashnikov.
Aunque el silencio contemporizador de algunos es promesa. Valida, cada vez más, las decisiones oficiales, oportuno sería interrumpirlo para advertir el error y evitar la derrota de las buenas intenciones.
