Todo le está saliendo al dedillo al que fuera presidente hasta hace una semana, en Perú.
Pedro Castillo Terrones está prisionero en solitaria en manos de la Policía Nacional de Perú, sin saber hasta cuando, pero el guion que emitió como su último decreto, se está cumpliendo al pie de la letra.
La Policía y las Fuerzas Armadas han tomado el control del país, con las armas en las manos, marchando las tropas junto a carros blindados. Ahora, las vías, hasta ayer revueltas y llenas de pueblo, están pobladas por policías y guardias en zafarrancho, armados hasta los dientes.
No hay que buscar fotos en la prensa internacional. Pero las fílmicas abundan en las redes y Youtube.
Castillo dijo un discurso en el que concluyó pidiendo que los grupos civiles y populares organizados salieran a la calle a respaldar su decisión de disolver el Congreso, convocar a elecciones, y que se decida el futuro institucional peruano en una Constituyente.
Su gobierno ya fue disuelto, lo que ratificó un Congreso unicameral que culminó su última sesión, en un enredo entre dispares que se fueron a los puños en plena sala congresual, obligando a suspender toda actividad.
El pueblo sencillo vistiendo quimonos, muchas señoras adultas campesinas, y escolares, y estudiantes, junto a campesinos y trabajadores de todo género tomaron calles y caminos, desfogando su ira contra todo bien material encontrado en su ruta, hasta culminar en una marcha andando hasta el centro de Lima, la capital del país.
Un precipitado juicio de fiscales y jueces improvisados según lo instituido, dieron con la confirmación de la prisión de Castillo. Y lo mantienen bajo amenaza de una sentencia, no menos precipitada, para que eventualmente cumpla una condena de hasta cinco a diez años de prisión.
Acompañando el coro de imprevisiones decretadas por Castillo, ya no es sólo la Policía peruana la que ha asumido el control de motines y de los ímpetus de la población desbordada, sino que el Ejército peruano, vistiendo zafarrancho, portando armas mortales de todo tipo, encabezada su marcha por vehículos blindados, invade el mínimo rincón de Perú, de manera amenazante.
La consigna de la fuerza policial y militar es la de proteger de la violencia callejera, los bienes privados de las gentes, en virtud de una orden esbozada ante el público y la prensa, por Luis Alberto Otarola, un también improvisado ministro de Defensa, pero que dijo es un acuerdo del nuevo Consejo de Ministros instituido con integrantes de otros gobiernos recientemente destituidos, en medio del caos, por la presidenta Boluarte, para establecer estado de emergencia en todo Perú, ya militarizado.
Se dispone que la Policía con el apoyo de las fuerzas armadas establezca y mantenga el orden, (suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilios, de la libertad de tránsito, de la libertad personal y de reunión).
Ciertamente, no hay Congreso que funcione, como lo previó y dispuso en un último acto el presidente Castillo. Aunque el organismo no decidió así, está disuelto de hecho. La población tomó las calles. Esa misma población ya hizo su tradicional aporte: cientos de heridos y siete muertes indiscriminadas, incluido un menor de edad. Y se vive un estado de emergencia generalizado decretado autoritariamente por treinta días. Pero se ha advertido que todo se está haciendo para proteger los derechos que garantiza la Constitución peruana.
Mientras todo esto sucede, la vicepresidenta electa Dina Boluarte, ahora en virtud de presidenta, ya dijo en voz queda que se puede adelantar unas elecciones, en el plazo corto de un año, (en los plazos se ha corregido varias veces), para ver cómo se recompone el mundillo político e institucional en Perú. El objetivo sería, según previó Castillo, escoger un nuevo Congreso, convocar una Constituyente y establecer un nuevo gobierno escogido en elecciones libres, interrumpiendo un proceso previo según guion constitucional que debería perimir en el 2026.
La opinión internacional, como está siendo tradición, se ha dividido en dos coros: uno latinoamericano llamando a que se respete el orden institucional en Perú, compuesto por el presidente de México, Manuel López Obrador, por Colombia, Argentina y Bolivia. La otra banda se ha reunido con el gobierno actual de Boluarte, para apoyarla: Estados Unidos a la cabeza, elogia a la gobernante; y completan este coro La Unión Europea
El desajuste es tan grande en Perú, que informa la prensa de ese país, que se ha confirmado que el expresidente Pedro Castillo llegó a aceptar su pase al retiro “por motivos personales” y designar a su sustituto, al general de división David Ojeda Parra. Pero, con los militares reprimiendo en las calles, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sigue encabezado por Ojeda Parra, ya que nunca se publicaron las resoluciones de cese y reemplazo.
Perú, entonces, está en manos de los militares. Acechados de cerca por las élites y sus intereses a cuidar.
