EL ABORTO, O LA IGUALDAD CON HAITI
Por Melvin Matthews.
Cuando el Congreso Nacional finalmente apruebe el nuevo Código Penal en la convocatoria extraordinaria realizada por el Presidente Luis Abinader, la República Dominicana mantendrá un nivel de igualdad jurídica con la legislación haitiana, que prohíbe el abordo bajo cualquier circunstancia, incluso si existe riesgo para la vida de la madre.
Asumir la política antiaborto del decadente régimen haitiano, esa es la opción que la clase política y los legisladores dominicanos han decidido establecer, ignorando estas tres causales que respetan el derecho a la vida y los derechos fundamentales de la mujer.
Ya son de dominio público las tres causales que permitirían la interrupción legal del embarazo: cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el embarazo es inviable (el feto no puede sobrevivir fuera del útero), y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Estas causales han sido objeto de debate y discusión en el contexto de la reforma del Código Penal y la legislación sobre salud sexual y reproductiva.
Pero el Congreso se encamina a aprobar un proyecto de Código Penal que ignora estas tres causales, a pesar de blasonar que somos un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales; vaya que contradicción: la mujer dominicana carece de derechos sobre su vida.
En cambio, el poder legislativo y la clase política representada en ambas cámaras ha decidido unirse a Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua como el bloque de países atrasados y minoritarios latinoamericanos incapaz de soltarse de las redes conservadores que restringen derechos constitucionales.
Históricamente, la República Dominicana se ha guiado del derecho francés para sostener su jurisprudencia. El propio Código Penal que será sustituido en breve es una copia y traducción fiel del texto haitiano del 29 de mayo de 1867.
Lo cuenta el notable jurista Artagnan Pérez Méndez (Código Penal Dominicano Anotado). “No sabemos”, afirma, “cuál fue el texto tomado como modelo para la traducción, por los señores Bobea y Nouel, quienes hicieron un trabajo, no obstante, las críticas e imperfecciones”.
La primera edición oficial del Código Penal se hizo en 1884. En el año 1900 se puso en circulación una segunda edición y en 1983, el presidente Salvador Jorge Blanco expidió el decreto 826, mediante el cual constituyó una comisión encargada de preparar los actos de la celebración del centenario de la adopción, como leyes de la nación, de la traducción y adecuación de los Códigos franceses.
Ese decreto también creó una comisión encargada de actualizar el Código Penal, integrada por el doctor Ramón Tapia Espinal, quien la presidió, el doctor Virgilio Bello Rosa, Licenciado Emigdio Valenzuela, Artagnan Pérez Méndez y José Darío Suarez. Todos fallecidos. Al concluir, apareció la actual edición del Código Penal.
Actualmente, alrededor de 24 países penalizan el aborto en todas las circunstancias, la República Dominicana entre ellos, pero se proclamará un nuevo Código Penal que nos iguala jurídicamente al decadente estado de Haití.
