COMPROMETEDORA AUDITORÍA EN PUNTA CATALINA
Por Melvin Matthews.
A juzgar por el informe final de la auditoría que practicó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) en el MEM (Ministerio de Energía y Minas), a su activo Planta Punta Catalina, los hallazgos expuestos pudieran comprometer gravemente la responsabilidad penal y civil de los funcionarios principales de la institución durante el periodo 2013-2021.
La cámara detalla cuatro hallazgos críticos financieros y contables, seis irregularidades en contrataciones consideradas graves, siete descubrimientos estimados preocupantes de mala gestión y opacidad y un hallazgo adicional que disputa cifras de la estructura de costos opaca y desorganizada.
La conclusión general de la investigación estima que estos hallazgos reflejan deficiencias graves y sistemáticas en la gestión financiera, contractual y administrativa del proceso de construcción de la central Punta Catalina, con implicaciones de sobrecostos, opacidad y un alto riesgo de corrupción. El organismo recomendó un plan de acción correctivo y obligatorio.
El primero de los hallazgos financieros y contables críticos, consiste en que pagaron a contratistas más de RD$21 mil 100 millones (RD$21,100,083,823) sin soporte ni evidencia documental, razón por la cual no se pudo validar el 14% del total registrado en la cuenta de construcción en proceso por falta de documentación justificativa.
El costo final de Punta Catalina resultó bastante superior al presupuestado, dice el informe, debido a que el costo total en dólares para el Estado ascendió a US$3 mil 276 millones (equivalentes a RD$148 mil 021 millones), “muy por encima del precio base del contrato (US$1,945 millones de dólares).
A continuación, la auditoría resalta pagos no registrados contablemente por RD$10 mil 091 millones, realizados por el Ministerio de Hacienda solventando intereses, comisiones e ITEBIS, los que no fueron contabilizados por la CDEEE. Agrega que hasta el año 2021 Punta Catalina seguía en la cuenta “Construcción en Proceso”, pese a que estaba operativa desde abril 2020.
Entre las irregularidades en contrataciones graves, la CCRD menciona modificaciones contractuales ilegales, superiores al 50% del monto inicial en contratos de servicios (Stanley Consultant 2.6 millones de dólares más y Manatt Phelps más de 655,000 dólares).
Asimismo, contrataciones de emergencia sin rendición de cuentas, adjudicaciones directas sin licitación ni procedimiento competitivo (contratos por US$33.8 millones y RD$8.2 millones sin evidencia de ningún procedimiento de selección); proveedores no habilitados para contratar con el Estado, uso simultáneo de modalidades de excepción, que consistió en la aplicación conjunta e indebida de “proveedor único” y “exclusividad” en un mismo proceso.
El balance financiero expone la falta de garantías contractuales obligatorias, es decir, que en múltiples contratos no se exigieron las garantías legales de seriedad de la oferta y fiel cumplimiento.
Finalmente, he excluido el listado de los hallazgos preocupantes por razones de espacio. Pero, según refleja la CCRD, Punta Catalina ha sido desde el principio una insaciable fuente de corrupción.
