Imputados del Caso Desfalco Ministerio de Agricultura admitieron los hechos en el tribunal
junto a sus defensas técnicas, lo que evidencia la fortaleza de la investigación del órgano
acusador
SANTO DOMINGO (República Dominicana). Este sábado, la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso el pago de una
garantía económica de 500 mil pesos como medida de coerción contra Julio Enrique
Domínguez y Antonio José Paredes Elizondo, imputados en el caso “Desfalco
Ministerio de Agricultura”.
La jueza Lisa Veras ordenó, además, que los imputados cumplan con presentación
periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
Sobre la citada decisión judicial el titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, señaló que:
“El compromiso de este Ministerio Público es perseguir la corrupción en cualquiera
de sus manifestaciones, e independientemente de este tipo de decisiones seguiremos
haciendo nuestro trabajo, seguiremos persiguiendo la corrupción, sin importar si se
trata de montos pequeños, montos medianos o montos grandes”. Estas
declaraciones fueron rendidas a su salida del tribunal donde se conoció la solicitud
de medida de coerción del citado caso “Desfalco Ministerio de Agricultura”.
Camacho resaltó que el órgano acusador continuará asumiendo el compromiso de
perseguir, investigar y llevar a los tribunales a todo aquel que sustraiga dinero del
erario, “no importa si es un pesos o 100 millones de dólares”.
En ese sentido, Camacho agregó: nuestra responsabilidad es perseguir la corrupción,
nuestra responsabilidad es que no haya impunidad y nuestro compromiso es que no
se envíe el mensaje social de que quien roba poco le va a pasar muy poco o no le va
a pasar nada”.
Al ser cuestionado sobre cuáles pruebas presentó el Ministerio Público ante el
tribunal, el procurador adjunto afirmó que además de la admisión de los imputados,
fueron presentados los testimonios de personas que recibieron transferencias de
dinero que luego regresaron al principal imputado de este proceso, así como todas
las evidencias que fueron encontradas durante los allanamientos, documentación
financiera que fueron obtenidas con autorización judicial. “El Ministerio Público
presentó ante el tribunal más de 100 medios de pruebas, que fueron las que llevaron
a los imputados a la admisión de los hechos”.
Camacho resaltó además la falta de arraigo de los imputados lo que debió implicar la
imposición de medida de coerción diferente a la impuesta, siendo idónea la prisión
preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Además del titular de la Pepca, el órgano acusador estuvo representado por los
fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y Aurelio Valdez.
El Ministerio Público presentó pruebas que vinculan a Domínguez Solano en
la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de
funciones y asociación de malhechores.
También, de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para
el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo
146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del
Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los
artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología.
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Ministerio Público. R.D.
Lunes, 24 de julio de 2023
