¡AVANCE INSTITUCIONAL!
PERSEGUIRÁN FUNCIONARIOS NEGOCIANTES
Por Melvin Matthews.
El presidente Luis Abinader acaba de “poner la tapa al pomo”, como dice la expresión coloquial cubana, al desarrollado accionar corrupto de funcionarios dedicados a hacer negocios desde la función oficial, cuando promulgó la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación inmediata, las cuales sancionan penalmente a los servidores gubernamentales de las tres ramas del Estado que incurren en esa ilícita práctica.
Según el mandatario, la novedosa legislación, resultado de un profundo y ponderado estudio técnico, pone en marcha una transformación concreta del Estado Dominicano, y se inicia formalmente su implementación obligatoria a nivel nacional, al tiempo que, afirmó, “damos un paso decisivo hacia una administración pública más transparente, más eficiente, más responsable frente a la ciudadanía”.
Sin embargo, la verdad es que la citada ley cierra una etapa histórica de corrupción que empezó durante la dictadura trujillista y heredaron los gobiernos civiles y democráticos posteriores, que nada hicieron para contener tal derroche de corrupción e impunidad. Durante 31 años el “Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva” –títulos arrogados” – fue el insigne depredador, junto a su familia, del Erario, convirtiendo la República en su feudo particular, pues debía obtener presencia societaria en las empresas que él permitía operar en el país.
Tras su ajusticiamiento, los gobiernos posteriores iniciaron el largo periodo de apropiarse de la Cosa Pública desde el cargo de funcionario público, práctica empezada temprano por el triunviro de facto, Donald Reíd Cabral (1963-65), quien inundó el incipiente mercado automotriz con carros Austin para su empresa particular.
Culminada la guerra civil, los gobiernos desde Balaguer hasta Danilo Medina dieron riendas sueltas el enriquecimiento ilícito de funcionarios haciendo negocios con el propio gobierno; los casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales son los típicos de funcionarios comprando, vendiendo ilegalmente con el gobierno y cobrando comisiones.
Debe reconocerse a Leonel Fernández, quien promulgó la derogada Ley 340-06; esta únicamente contemplaba sanciones administrativas contra funcionarios infractores, como la inhabilitación del cargo, y dejaba la consecuencia penal a otras disposiciones.
En cambio, la nueva legislación de Abinader y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, sanciona penalmente a quienes incurran en conflictos de interés o colaboren con empresas que contratan con el gobierno, hechos tipificados como abuso de funciones, cohecho o peculado, con penas de hasta cinco años de prisión. Asimismo, establece la inhabilitación y suspensión; multas administrativas, Responsabilidad Civil, medidas disciplinarias internas, inhabilitación para contratar con el Estado y presunción de incompatibilidad futura.
Opino que Abinader acaba de unir a su arsenal anticorrupción un arma legal cuasi letal contra quienes pretenden aumentar su patrimonio negociando con el gobierno al que deben servir con ética, transparencia y moralidad.
Abinader lo resumió así: “El nuevo sistema refuerza la planificación, mejora las competencias, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, porque gobernar bien también significa anticiparse a los errores y cerrar los márgenes a la discrecionalidad”.
Un legado para la posteridad.
