La procuradora General de la República, Miriam Germán, fue apoderada este jueves de un expediente relacionado con la compra de hormigón asfáltico caliente valorado en RD$11,5000.000.000 (once mil quinientos millones de pesos), operación realizada durante la gestión del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, cuando se desempeñaba el Ministerio de Obras Públicas.
El depósito del legajo acusatorio fue realizado por la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, el cual fue recibido por la jefa del ministerio público, Germán Brito, acompañada de los procuradores adjuntos del Pepca, Jenny Berenice Reynoso y el designado por la Suprema Corte de Justicia.
Ortiz Bosch y Pimentel coincidieron en afirmar que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante las funciones de Gonzalo Castillo en el MOP, hubo irregularidades y violaciones a la ley 340-06, que regula las compras y contrataciones del Estado.
«Creemos que el ministerio publico, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso, a los fines de esclarecer los hechos», subrayan en un documento conjunto.
Califican de insostenible el informe emitido por Lidio Cadet, pasado director de la DIGEIG, recomendando el archivo de la solicitud de la investigación de Castillo, tras analizar la documentación depositada en el órgano que dirige Ortiz Bosch.
Según Pimentel, el organismo que dirige -contrataciones publicas- constató que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por Obras Publicas, coinciden en gran parte con las denuncias formuladas por la periodista Alicia Ortega en su programa de televisión. Posteriormente, los hechos habrían sido corroborados mediante un documento publicado por la Dirección de Contrataciones Públicas, el 20 de mayo del 2020.
Dicen los directores de la DIGEIG y Contrataciones Públicas, que dentro de sus hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a disposición del ministerio público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de RD$11,500.000.000 sería importante que ese caso sea profundizado por el ministerio público».
A tales argumentos agregaron la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo dia de antelación para la presentación de propuestas, y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecidos en la ley 340-06.
Pimental y Ortiz Bosch deploraron la recomendación de Cadet, quien, según expresaron, no tomo en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por Contrataciones Públicas el 5 de agosto del 2020, a solicitud de la DIGEIG.
Dicho informe ha sido valorado por ambos funcionarios como «documento de suma importancia» para determinar el destino final de la citada investigación.
