LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÒN Y LA IMPUNIDAD
Por Melvin Matthews
La característica principal del actual periodo constitucional se expresa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, una decisión política cuya ejecución judicial persecutora trasciende como hecho jurídico de amplio espectro, capaz de sentar las bases para el saneamiento ético y moral de la función pública.
Decisión política, pero sin injerencia evidente del gobernante en el proceso, porque combatir la corrupción de funcionarios públicos es un mandato constitucional, que fue defectuosamente aplicado o políticamente manipulado por los gobernantes del pasado a través de la procuraduría general partidista. El artículo 146 es claro al proscribir la prevaricación y la coalición de funcionarios públicos y condenar toda forma corrupta en los órganos del Estado.
Al mencionado mandato, presente en las distintas legislaciones desde la fundación de la patria en 1844, los gobernantes precedentes hicieron caso omiso de su aplicación efectiva, hasta que el presidente Luis Abinader experimentó la fórmula del ministerio público independiente, concebida según sus principios de actuación, consistentes en la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del órgano judicial.
Para comprender cabalmente el presente proceso conviene fijarse en la profundidad de las investigaciones hechas por el ministerial público, dentro del procedimiento preparatorio común seguido en cada caso hasta la presentación de imputados. Sobresalen la convicción, el tiempo, la dedicación y la objetividad, puntales que permiten parafrasear a Carnelutti: “la imputación es la razón, la base y el fundamento de la acusación”.
La Constitución sanciona a la persona que sustrae fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtiene para sí o para terceros provecho económico; que proporciona ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Hay mucho de esto en las acusaciones.
Hace obligatoria la declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, pero tales declaraciones suelen arreglarse fraudulentamente.
Nunca antes el país había visto tantos casos de corrupción investigados, descubiertos y sometidos a la justicia, con la inédita modalidad de familiares directos del ex presidente Medina apresados; nunca habíamos presenciado tantos ex ministros de Estado detenidos; altos oficiales militares del antiguo entorno presidencial y empresarios imputados para encarar la oralidad de un juicio por multimillonarias sustracciones del patrimonio público
Hemos entrado en una Nueva Era Ética para el servicio público.
¿Era necesario que la nación atravesara este proceso? La respuesta es afirmativa, pues durante décadas se desvirtuó la solución de problema básicos, de energía, salud, educación, en fin, el buen gobierno, para amasar fortunas escandalosas originadas en el latrocinio, al amparo de la impunidad oficial.
Ahora es preciso pagar el precio, conforme a la ley, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.
(melvinmatthews101@igmail.com)
