PRESIDENTE ABINADER, APRUEBE EL CODIGO PENAL
Por Melvin Matthews.
Opino que la mayoría de la nación coincide en que el presidente Luis Abinader debe respaldar la entrada en vigencia del ya modificado Código Penal en los plazos establecidos, y no prolongar la Vacatio Legis propuesto por conspicuos representantes de la sociedad civil.
Postergar la promulgación del texto legal equivale a ceder a las presiones de sectores, que buscan retrasar indefinidamente una reforma imprescindible para la consolidación del Estado de Derecho, la persecución y sanción del delito y el fortalecimiento de la carrera judicial para abogados, jueces y el Ministerio Público.
Nuestra nación requiere urgentemente una legislación penal actualizada como la que ha logrado el Congreso Nacional, trabajando contra el reloj que vence el periodo legislativo, corrigiendo artículos conflictivos que concitaron críticas de la opinión pública.
El renovado Código Penal representa un paso de avance concreto frente a la normativa vigente que data del Siglo XIX, derecho napoleónico, y su inmediata aplicación no debe posponerse, porque, caso contrario, implica para el gobernante dejarse seducir por voces agoreras, disruptivas y, ocasionalmente, anarquistas.
El país necesita afianzar la certeza jurídica que la administración Abinader ha construido durante su ejercicio de seis años, dándole respuestas modernas a las nuevas formas de criminalidad que contiene el renovado texto que espera pronta promulgación.
Bajo el liderazgo de Abinader la seguridad jurídica en la República Dominicana ha sido convertida en un principio constitucional fundamental, que garantiza la predictibilidad de las normas, la protección de las inversiones y el respeto al debido proceso. Esa seguridad, a juicio del Tribunal Constitucional, funciona como una garantía esencial del Estado de derecho para evitar la arbitrariedad de las autoridades y sus pilares apuntan hacia el marco constitucional, la seguridad registral inmobiliaria y un Código Penal contentivo de las severas sanciones contra las nuevas formas delictuales.
En ese sentido, dado la consolidación progresiva del marco constitucional, permitir mayores retrasos debilitaría lo que la nación ha conseguido hasta el presente perpetuando un marco legal rezagado y rotundamente obsoleto. Ya el Congreso Nacional, y el propio mandatario, escucharon a los titulares de los sectores supuestamente perjudicados en lo concerniente a la salud, difamación e injuria y a la aplicación de penas severas. No obstante, debemos estar contestes en que quien no viola la ley, no tiene por qué tener miedo, ni de qué preocuparse si actúa con transparencia y apegado a la ley.
El rico debate suscitado en torno al Código Penal ha reflejado los temores, preocupaciones y expectativas de los diferentes sectores de la sociedad. Puede afirmarse que conservadores y progresistas se han expresado abiertamente respecto a una legislación destinada a moldear la conducta nacional frente a la criminalidad a partir de su promulgación.
Entre las opiniones valiosas vertidas sobre el particular, conviene destacar la del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), la cual ha sido expresada diáfanamente. Considera urgente la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, señala que la legislación presente está rezagada frente a los desafíos de la criminalidad yla protección ciudadana.
Asimismo, el Nuncio apostólico, monseñor Piergiorgio Bertoldi, aconseja aprobar cuanto antes el texto legal y coincide en que la legislación penal vigente quedó desactualizada y requiere ser sustituida.
Otras opiniones en igual sentido provienen del obispo Jesús Castro Marte, del Doctor Milton Rey Guevara, Monseñor Morel Diplàn y destacadas figuras de los medios de comunicación. Presidente Abinader, apruebe el Código Penal.
