EL CIERRE PREVENTIVO DE LA DEA SANTO DOMINGO
Por Melvin Matthews.
Una inédita información de Noticias SIN atribuye a la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, “no explicarse cómo es que todos los grandes capos del narco hicieron sus negocios entre los años 2000 y 2020, sin ser detectados por los gobiernos dominicanos de turno”, periodo que abarca a los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
La diplomática agregó: “que aunque hay narcotraficantes miembros de partidos políticos, lo impresionante es que todos esos negocios se realizaron durante los gobiernos del PLD (Partido de la Liberación Dominicana); que no había forma de desarrollar esas actividades a gran escala sin el respaldo del poder político oficialista y que, por eso, la administración del Presidente Donald Trump entiende que había complicidad entre la DEA y las autoridades de aquel entonces, con el objetivo de dejar que los narcotraficantes actuaran a sus anchas”.
Interpreto las aludidas declaraciones de la embajadora Leah Campos, en el sentido de una acusación directa dirigida principalmente hacia los líderes de los gobiernos peledeistas, Fernández y Medina, señalando sus respectivas responsabilidades políticas tanto en la impunidad y el fomento de la inusitada expansión del narcotráfico en el ciclo de 16 años.
Al propio tiempo, se colige la complacencia de Trump con su par dominicano, Luis Abinader, quien desde que asumió el cargo en el 2020 ha patrocinado la persecución del narcotráfico como nunca antes había ocurrido en el país. Los datos son abrumadores:
La gestión de Abinader supera al PLD en persecución de la corrupción y la lucha contra el narcotráfico. A septiembre del 2025, la DNCD incautó en cinco años la cifra de 227,824.8 kilogramos de drogas, contra apenas 77,526.11 kilogramos decomisados en el largo trayecto del 2004 al 2020, en el cual Fernández y Medina se repartieron 8 años de gobiernos reelectos cada uno.
Abinader no solamente ha decomisado el 75 por ciento del contrabando de drogas, sino que los capos y narcotraficantes detenidos, condenados y extraditados, hasta de las filas del oficialismo, ha sido aún mayor que en el periodo citado, acogiéndose a los tratados internacionales de cooperación entre el gobierno dominicano y Estados Unidos.
Corolario de las afirmaciones precedentes de la diplomática estadounidense, fue su anuncio del radical cierre preventivo de la oficina de la DEA en Santo Domingo, a propósito de un caso de corrupción, violación y abuso del programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, imputado al agente Melitón Cordero, detenido en Washington, D. C.
Al respecto, Leah Campos dijo que “la corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza públicas usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirijo”.
Creo que, si la justicia estadounidense establece la responsabilidad penal del inculpado señor Cordero, un ciudadano dominicano nacionalizado estadounidense que laboraba en el área consular, y condecorado a destiempo por el gobierno de Abinader, quedará claro que la lucha contra la impunidad es una de las fortalezas del sistema democrático.
