
CORRUPCIÓN SENASA NO DAÑA A ABINADER
Por Melvin Matthews
Corruptos administradores de la cosa pública siempre tendremos en el Estado, pues conforme a la teoría del delito, la proclividad al dolo se presenta innata en determinados individuos, al margen de la condición social o educación.
Por tanto, no hay gobierno ni partido oficial exentos de escándalos de corrupción, como el destapado ahora en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que afecta a millones de afiliados de esa ARS pública.
Los problemas jurídico y ético surgen en el trato que el gobierno, léase el presidente Luis Abinader, conceda a los funcionarios sospechosos de haber incurrido en violaciones penales. Es el dilema que encaran los jefes de Estado, de gobierno o el dueño de negocio privado: encubrir al amigo que roba, equivalente a la impunidad, o perseguir la corrupción.
De la primera alternativa tenemos ejemplos a granel; los más recientes cuando el presidente Danilo Medina jamás se “enteró” de las depredaciones al fisco protagonizadas por familiares, funcionarios y espalderos; o el caso Sun Land, durante la gestión del presidente Leonel Fernández. Ambos gobernantes facilitaron a subalternos el camino de la impunidad.
En cambio, Abinader ha optado por la segunda alternativa: investigar el caso de corrupción denunciado en el SENASA, destituir a los presuntos responsables y depositar el expediente en manos de Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República.
Abinader hizo lo correcto y ha actuado correctamente frente a procesos similares anteriores, que involucraron a figuras del partido gobernante, incluso entregándolos a la justicia estadounidense en temas de narcotráfico, además detectar el robo de los fondos públicos.
Porque la impunidad ralentiza la justicia, masifica la corrupción y daña la sociedad; es la falta de castigo, es decir, la libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido.
La más común, la más irritante, al decir de Cabanellas, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones políticas, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía generalizadas.
Nada de eso ocurre hoy en la sociedad dominicana, donde prevalece un régimen de libertades públicas que destaca principalmente el derecho de la gente a expresarse libremente, sin restricciones; el sistema de justicia no es perfecto, pero ha ido perfeccionándose con un novedoso Código Penal, capaz de encerrar largamente, cuando entre en vigor en agosto, al más audaz de los criminales. Y la coacción aquí no funciona.
Tiene razón la magistrada Berenice Reynoso cuando afirma, que la corrupción no es un simple problema administrativo, sino un fenómeno que afecta directamente al desarrollo del país.
Finalmente, creo que frente a la corrupción el mejor camino es la Justicia.
queenph
28 septiembre 2025 en 1:45 pm
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